Categoría: Luz Electrica

«Al único intermediario que reconocemos es al jefe del Gobierno del Distrito Federal», señaló el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, quien subrayó que este gremio, luego del decreto presidencial que liquida a Luz y Fuerza del Centro, sí está dispuesto a sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno federal.

Pero para alcanzar cualquier arreglo, subrayó Esparza Flores, «que mejor intermediario que el responsable del principal consumidor del Luz y Fuerza, el Distrito Federal», sobre todo si se toma en cuenta que -abundó- son múltiples las fallas que se les ha reportado en diversas delegaciones de la Ciudad de México.

Acompañado del senador Graco Ramírez, el líder de los tranviarios, Benito Baena, y los diputados petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas, Martín Esparza encabeza la marcha, que según este dirigente congregaría a cerca de 150 mil mexicanos de diversas organizaciones laborales, campesinas, políticas, académicas, universitarias, entre otras.

Los marchistas mostraron su indignación no nada más contra las políticas de gobierno, sino también contra los medios de comunicación.

Esparza apuntó que no ha sido convocado por autoridad alguna y que «en este momento sólo confío en lo que me mandata la asamblea».

Sobre la huelga nacional que había propuesto ante dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores ayer, ahora matizó al decir que «nosotros ya estamos en huelga y si van o no a huelga en otros sindicatos, eso lo determinarán sus propias asambleas.»

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El pleno de la Cámara de Diputados instruyó la formación de un «grupo de trabajo», con legisladores de las seis bancadas de San Lázaro, que estudiará si es viable pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la legalidad del decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro.

De entrada, el grupo de diputados tendrá que analizar el instrumento jurídico que podrían invocar, si una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad.

El estudio jurídico podría extenderse casi mes y medio, para estar en tiempo de presentar una solicitud a los ministros.

La propuesta fue presentada al pleno por el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, diputado del PRD, con el apoyo de legisladores del PRI Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García.

El asunto fue aprobado por unanimidad.

El diputado Roberto Gil (PAN) sumó los votos de Acción Nacional a la formación del grupo de trabajo sobre la legalidad del decreto presidencial que liquidó Luz y Fuerza. Explicó al respecto:

Tenemos la plena certeza de que el decreto del Presidente Felipe Calderón está apegado a derecho, y con esa confianza participaremos en el grupo de trabajo.

«La fortaleza de los argumentos jurídicos del Ejecutivo resisten cualquier revisión», subrayó el diputado Gil.

A su vez, Carlos Flores Rico (PRI), estableció que la extinción de la empresa eléctrica «es un asunto delicado» que merece un análisis detenido. Los priistas, añadió, «tenemos serias reservas», y un espacio pertinente será el grupo de trabajo, dijo.

Reiteró que las consecuencias sociales, económicas y políticas que tenga el cierre de Luz y Fuerza del Centro, y estableció que el PRI defenderá el principio del sindicalismo, los derechos de los consumidores, y el principio de la empresa pública.

Flores Rico demandó que a lo largo del conflicto, se deben respetar la paz social y las libertades de expresión

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El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, invitó a la Mesa Directiva de la Comisión de Energía del Senado a reunirse hoy mismo para abordar el tema del conflicto con el SME y analizar la posibilidad de una mediación.

Ayer por la tarde-noche, los legisladores del PRI, PAN y PRD, Francisco Labastida, Rubén Camarillo y Graco Ramírez recibieron en la Torre del Caballito al líder del sindicato, Martín Esparza, quien demandó la intervención del Legislativo al considerar que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro es violatorio de la Constitución.

Sin embargo, los legisladores indicaron que analizarían el tema con la Secretaría de Energía, aunque, en conferencia este mediodía, indicaron que será el titular de Gobernación quien los reciba en un lugar por definir para hablar de la posible instalación de una mesa de negociación.

Labastida dijo que él en lo personal analizará si hay disposición de las partes para dialogar, de lo contrario, él no participaría.

Graco Ramírez dijo que ayer, con el sindicato y entre los legisladores de la Comisión de Energía, se logró que hubiera disposición al diálogo.

«Lo peor sería mantener las cosas como están. Saludo esta actitud del gobierno, que haya expresado por la mañana que va a recibirnos y van a una ruta de poder instalar un punto de encuentro para poder establecer el diálogo».

El senador Camarillo, del PAN, aseveró que la voluntad de sus compañeros de bancada «es escuchar, estar atentos a situaciones como esta, reunión de trabajo a la que asistiré con todo el ánimo de escuchar y de intercambiar puntos de vista».

El presidente de la comisión, Francisco Labastida, dijo sobre sus expectativas de una posible mediación:

«Prefiero no hacer especulaciones, me parece que sería temerario, poco serio, tenemos que ser muy objetivos, muy serenos para encontrar una solución, ver cuál es el margen real de negociación que existe.

Un buen indicio es que la plática sea con el secretario de Gobernación porque no sólo es la representación de la cabeza del sector, sino que es el coordinador del gabinete, me parece que es un buen paso».

La invitación a la reunión les fue dada a conocer a los miembros de la Comisión de Energía a través del presidente del Senado, Carlos Navarrete, quien charló con el secretario de Gobernación, según informó Graco Ramírez.

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Como parte del proyecto de reestructuración de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende instalar, en un lapso de diez a 18 meses, cajeros de los denominados CFEmáticos, en el Distrito Federal y su área metropolitana, a fin de agilizar el pago; además se prevé la sustitución de los medidores convencionales por aparatos de tarjeta de prepago, para que sean los propios usuarios quienes determinen cuánto gastar en energí­a, informó el vocero de CFE, Estéfano Conde.

Asimismo, como parte del programa de automatización de servicios de LyFC, en los próximos dí­as se habilitará un espacio en internet para poder hacer el pago del servicio a través de la web, adelantó Conde, al hacer un balance de la situación administrativa y operativa de la extinta compañí­a paraestatal en su segundo dí­a hábil de operaciones tras el decreto federal de extinción.

El vocero de la CFE afirmó en entrevista con Martí­n Espinosa, de Grupo Imagen, que â??todo marcha con normalidadâ? en Luz y Fuerza, al tiempo que aseguró que los reportes de apagones en diversas zonas del Valle de México de las últimas horas se deben principalmente a la lluvia que se ha dejado sentir en el Distrito Federal y su área metropolitana, y no al desconocimiento de la red por parte de trabajadores de CFE.

Conde dejó en claro que el primer objetivo es garantizar el servicio de energí­a eléctrica a los usuarios para, a partir de la próxima semana, ampliar la gama de atención y dar salida a las demandas de nuevas contrataciones y bajas de servicios.

En otro tema, el secretario de Salud, José íngel Córdova Villalobos, aseguró que el Seguro Popular podrá brindar atención a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Cuestionado sobre qué se va a hacer con las personas que perderán su empleo, el funcionario indicó que recibirán atención médica en el futuro inmediato, aunque no garantizó nada a mediano plazo.

â??Si son trabajadores asalariados y no están en el IMSS o en el ISSSTE, el Seguro Popular podrá brindar los servicios, una vez que se acuerde toda la modificación que se está proponiendo en el presupuesto para seguir ampliando â??Los que tienen Seguro Social no se van a quedar sin Seguro Social, porque se garantiza por ley, por lo menos dos meses de atención y esto, incluso, se extendió hasta seis meses, entonces desde ese punto de vista creo que en el futuro inmediato no habrí­a problemaâ?, reconoció.

El titular de Salud recordó que existe la posibilidad de que una parte de los trabajadores sean recontratados, o que se les dé un estí­mulo para que se puedan generar nuevos empleos con los recursos que van a recibir

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Esa gente no se veí­a contenta, a pesar de lo generoso de las liquidaciones. Todos esos que el domingo marcharon en el DF con el puño levantado estaban muy rabiosos con el apagón de Luz y Fuerza del Centro.

Y los que salieron durante el dí­a de ayer, de verdad, bufaban. Ya visto sin pasiones, lo que ofrece el gobierno federal a los ex trabajadores no está nada mal para una empresa de calidad y productividad tan cuestionadas y para un sindicato tan señalado, durante décadas, por corrupción. Pero ese no es el detalle.

El decreto, el no planchar una salida antes y la toma de las instalaciones con la policí­a, no coincide con un discurso oficial que basa la decisión en razones económicas. Pareciera que no se midió la posibilidad de conflictos sociales y del consecuente uso de la fuerza pública si esto se sale de control.

O pareciera que esa posibilidad se calculó muy bien, lo cual asusta.

Pensemos que no fue así­, y que entonces esto no está saliendo como se planeó. La pregunta obligada, por lógica, es si la administración federal a cargo de Felipe Calderón no tiene un â??plan Bâ?.

Ya quedó claro que no hay â??plan Bâ? para el presupuesto de 2010; lo dijeron hasta el hartazgo. ¿Tampoco para el apagón de Luz y Fuerza? ¿En serio? Porque la furia de esos 66 mil corridos y de sus amigos â??justificada o injustificadaâ?? no se contiene fácil.

Mucho menos cuando hay reclamos de que se trata de una vendetta polí­tica contra un sindicato que no es afí­n a Los Pinos. La gente no está contenta con la generosidad federal. Otra vez: ¿ya tienen un â??plan Bâ?? ¿O tampocoâ?¦?

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La secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, dijo que en caso de crearse una nueva empresa dedicada al suministro de energía eléctrica en el centro del país, se evaluarán la conveniencia de recontratar trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aunque en condiciones laborales distintas.

Por su parte el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, dijo que la ineficiencia y la inoperatividad y corrupción de la empresa propició que cuantiosas inversiones privadas no llegaran al país.

En conferencia, la titular de Energía indicó que será en las próximas semanas cuando se tome la decisión de dejar en manos de Comisión Federal de Electricidad la operación de la extinta Luz y Fuerza del Centro o crear una nueva empresa con capital ciento por ciento estatal.

La funcionaria hizo un balance de LyFC y señaló que el deterioro de la empresa no se originó en esta administración, sino desde hace muchos años, en los que hubo intentos de recuperarla mediante convenios de productividad desde 1994.

Indicó que en los últimos cinco años los costos operativos de LyFC pasaron de representar 1.7 veces el valor de sus ventas a casi más de dos veces, de acuerdo con Kessel Martínez.

Argumentó que en 2003, los costos de la empresa ascendieron a 49 mil 477 millones de pesos, mientras que las ventas fueron 28 mil 775 millones de pesos. Para el cierre de 2008, los costos aumentaron a 107 mil 25 millones de pesos, mientras que las ventas ascendieron a 50 mil 792 millones de pesos.

En conferencia de prensa, dijo que la situación financiera de la empresa decayó por el importante aumento en el número de trabajadores, que pasó de 34 mil 700 a 44 mil 500 en los últimos 12 años, propiciado por las condiciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo.

Dijo que los empleados de esta paraestatal realizaban labores ajenas a las propias de la industria eléctrica, además de que se limitaban a funciones específicas, por ejemplo, ser chofer de una cuadrilla no implicaba cambiar una llanta si ésta se ponchaba, explicó la funcionaria.

De acuerdo con Kessel, las plazas temporales se convertían en permanentes, y se exigía la contratación de trabajadores para suplir plazas vacantes, aún si estas no eran necesarias.

Entre las prestaciones que tenía el sindicato de la empresa, la funcionaria destacó permisos con goce de sueldo hasta por 10 meses en un año; pago de viáticos como transporte, alimentación, hospedaje y lavado de ropa personal, para trasladados en la misma ciudad, destacó.

Refirió que los pasivos laborales de la empresa ascendían a 240 mil millones de pesos, de los cuales 80 mil millones correspondían a trabajadores en activo y 160 mil millones a jubilados, aunado a que Luz y Fuerza del Centro carecía de un fondo para cubrir esos pasivos. Kessel Martínez aseguró que la cuota eléctrica que se otorgaba a todos los trabajadores por 350 kilowatts/hora al mes significó una erogación para la empresa de aproximadamente 540 millones de pesos al cierre de 2008.

En referencia a la negación de servicios que demandaba la zona de influencia de LyFC, Kessel destacó que el rezago equivale a un punto del Producto Interno Bruto (PIB) o mil megawatts, lo necesario para dar electricidad a la ciudad de Querétaro o Tijuana

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