Solo Opiniones

Categoría: Derechos Humanos

  • ¿Sabe que quien y porque estan detras de Diamantes de Sangre?

    El juicio al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, en La Haya, ha vuelto a colocar el tema de los llamados «diamantes sangrientos» en el centro de la atención internacional.

    ¿Qué son los «diamantes sangrientos»?

    Los llamados «diamantes de conflicto» o «diamantes sangrientos», son piedras en bruto que han sido relacionadas con las guerras en Sierra Leona, Angola, Liberia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Los defensores de los derechos humanos alegan que grupos guerrilleros en esos países usan los miles de millones de dólares procedentes de la venta de los diamantes de las minas que controlan para comparar armas y financiar guerras.

    ¿Quiénes son las víctimas?

    Se estima que los diamantes contrabandeados desde zonas en conflicto representan sólo el 5% del total en circulación. Aun así, su impacto en las guerras parece ser considerable. Mark Doyle, analistas señalan que no es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África -Angola, Sierra Leona y R. D. del Congo– hayan tenido lugar en países productores de diamantes. Se estima que por lo menos 800.000 personas murieron durante los 27 años de guerra en Angola, donde los rebeldes controlaban vastas zonas diamantíferas. El conflicto en la R. D. del Congo ha causado la muerte de más de dos millones de personas a raíz de la violencia, el hambre y las enfermedades, según estimaciones de organismos de ayuda.

    ¿Qué se ha hecho para evitar el comercio de «diamantes de sangre»?

    En un intento de frenar uno de los principales «motores» de la guerra en África, en 2003 entró en vigor un acuerdo de certificación conocido como Proceso Kimberley (el nombre de una localidad de explotación de diamantes en Sudáfrica). El plan es producto de años de negociaciones y fue acordado en una conferencia internacional en la ciudad suiza de Interlaken, a la que asistieron cancilleres de más de 30 países.

    ¿En qué consiste el Proceso Kimberley?

    El sistema exige a los países africanos la exportación de diamantes con una certificación de «libres de conflicto», mientras que los países importadores se comprometen a adquirir en el mercado internacional sólo diamantes certificados. También se contemplan reglas para verificar el origen de diamantes ya cortados, pulidos y en manos de fabricantes de joyas. En el Proceso Kimberly participan 49 miembros que representan a 75 países.

    ¿Es efectivo el Proceso Kimberley?

    Algunas organizaciones humanitarias han criticado al Proceso Kimberley señalando que la certificación de los diamantes no debe ser responsabilidad de los países productores, sino ser verificada por un organismo independiente. Señalan que sin verificación independiente, los certificados mismos serán objeto de un comercio ilegal. Según un informe publicado por Global Witness (organización que llama la atención sobre la relación entre recursos naturales y violaciones de derechos humanos), el comercio de la piedra preciosa sigue financiando conflictos armados, sobre todo en África.

    La organización indicó en su investigación (hecha en Estados Unidos) que la mayoría de los lugares que venden diamantes al por menor no pudieron demostrar que tienen controles claros para frenar el comercio de piedras que puedan financiar conflictos armados.

    ¿Cómo saber si un diamante es «sangriento»?

    A pesar de que el Proceso Kimberley no hace certificaciones individuales, en su sitio de internet ha publicado una leyenda llamada «Sistema de Garantías» (que complementa pero es distinta del proceso) que deberían tener todas las facturas de diamantes provenientes de joyeros confiables. La leyenda asegura que el diamante facturado «fue comprado de fuentes legítimas no implicadas en la financiación de conflictos y de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas. El abajo firmante garantiza que estos diamantes están libres de conflicto, basado en el conocimiento personal y/o garantías por escrito presentadas por el proveedor de estos diamantes». En tanto, Amnistía Internacional y Global Witness publicaron una guía con preguntas para formular a los vendedores, como ¿puedo ver una copia de la política de su compañía sobre los diamantes de zonas en conflicto? o ¿puede mostrarme una garantía escrita de su proveedor de diamantes que demuestre que la pieza no procede de zonas de guerra? Las organizaciones defensoras de los derechos humanos confían en que las preguntas de los consumidores sean un paso más en la lucha contra los «diamantes sangrientos».

    ¿Qué tienen que ver Naomi Campbell, Charles Taylor y Nelson Mandela con los «diamantes sangrientos»?

    El ex presidente de Liberia, Charles Taylor está siendo juzgado en el Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona, en La Haya, acusado, entre otros cargos, de usar «diamantes de sangre» para financiar a la guerrilla de Sierra Leona durante una guerra civil que le costó la vida a decenas de miles de personas. Taylor ha rechazado 11 cargos en su contra que incluyen responsabilidad en asesinatos, violaciones, terrorismo, mutilaciones y el reclutamiento de niños combatientes. Durante el juicio a Taylor, se pidió el testimonio de la modelo británica Naomi Campbell quien aseguró que le entregaron unas piedras «de aspecto sucio» luego de una cena de beneficencia en 1997, organizada por el Fondo Nelson Mandela para la Infancia, a la cual Taylor también estuvo invitado. Ella aseguró haberlas entregado al ex director del Fondo, Jeremy Ractliffe, como donación para obras de caridad.

    Ractliffe explicó que decidió esconder las piedras porque quería proteger la reputación del Fondo y del ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela y evitar que fueran vinculados con los «diamantes sangrientos». El ex director del Fondo entregó los diamantes a la policía de Sudáfrica y renunció al Consejo Administrativo del Fondo

  • Secure Communities, peores que la Ley 1070

    Nos lo tení­an que decir, es la única forma en que simplemente nos podemos poner a trabajar.

    Desde que supimos que el Estado de Arizona estaba imponiendo una legislación local (o estatal allá en Estados Unidos) migratoria, racista; México se puso a mover sus hilos diplomáticos para apoyar a organizaciones pro derechos del migrante en EU, contra dicha Ley.

    Aunque ha sido un movimiento de estira y afloja entre el gobierno estatal de Arizona como con el gobierno federal de Barack Obama y naciones latinoamericanas, una jueza federal ha suspendido los dos apartados que se ven como racistas en dicha ley. La Ley SB1070

    Pero hace unas horas se da a conocer por ví­as NO diplomáticas (que son casi siempre mucho más confiables que los canales oficiales) que en 27 estados de la unión, hay Secure Communities.

    ¿Qué es Secure Communities?

    Bueno un programa del sistema de migración del Departamento de Estado de Estados Unidos para que sean seguras las comunidades para los norteamericanos siempre y cuando solo gente que este registrada trabaje ahí­.

    ¿Cómo?

    Como lo lee, así­ que el plan Secure Communities es un programa de Estado que permite a la gente en diversas localidades el que â??para que sean seguras, hay que acusar o señalar quienes son (si se sabe) o se sospecha sean, inmigrantes ilegalesâ?.

    Así­ que quizá haya una pí­rrica victoria ante la Ley SB1070 que sabe ya a triunfo por una suspensión provisional de una Juez federal en EU, pero el Secure Communities del departamento de estado, es mucho peor y está en la mitad del paí­s.

    ¿Quién hace bien las cosas en México?, por lo visto nadie.

    Technorati Profile

  • CDNH pide a SEDENA reparar el daño de los alumnos del ITESM

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretarí­a de la Defensa Nacional se indemnice a los familiares de los estudiantes fallecidos en un fuego cruzado entre militares y supuestos delincuentes el pasado 19 de marzo, en Monterrey.

    Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso perdieron la vida en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, durante un enfrentamiento entre elementos del Ejército y presuntos miembros de la delincuencia organizada.

    En su recomendación número 45/2010, la CNDH pidió a la Sedena que se indemnice a los familiares de las ví­ctimas, â??con motivo de la responsabilidad institucional en la que incurrieron sus servidores públicosâ?.

    Y en caso de ser requerido, que se les brinde atención fí­sica y sicológica a los deudos.

    A la PGR, a quien también fue dirigido el llamamiento, la CNDH pidió tomar en cuenta la recomendación del caso de los estudiantes fallecidos en Monterrey para la debida integración de la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010, y que se realicen las acciones correspondiente para esclarecer los hechos a la brevedad.

    Actos inconsistentes

    La CNDH explicó que encontró elementos que permiten acreditar violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurí­dica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la información.

    Asimismo, agregó, que se quebrantaron los derechos al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, alteración de la escena de los hechos, así­ como el ejercicio indebido de la función pública.

    Al gobierno de Nuevo León pidió que se instruya al procurador general de Justicia, a que los agentes del Ministerio Público de la entidad integren de forma â??completa, objetiva e imparcialâ?, las actas y averiguaciones previas iniciadas por hechos como los de los estudiantes.

    El organismo nacional aclaró que no cuenta con elementos suficientes para definir quien fue el autor de la privación de la vida de los estudiantes Arredondo Verdugo y Mercado Alonso.

    Anoche, la Secretarí­a de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que informa que fue recibida la recomendación número 45/2010 que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en el Tecnológico de Monterrey en marzo pasado

  • A la CIDH le preocupa la libertad de expresion en Mexico

    La Relatorí­a Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su profunda preocupación por el secuestro colectivo de cuatro periodistas en México y advirtió que con este caso los problemas de la libertad de expresión en el paí­s adquieren una dimensión inédita que afecta a toda la nación.

    Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de la nación, alertó el órgano especializado de la CIDH en un comunicado.

    La relatorí­a destacó el hecho de que el secuestro colectivo la semana pasada de los informadores â??ya liberadosâ?? Alejandro Hernández, Héctor Gordoa, Javier Canales y Oscar Solí­s â??obligó a los medios de comunicación mexicanos a ceder ante la petición de los secuestradores de publicar determinada información.

    Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar condicionamientos externos de su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las ví­ctimas, agregó.

    Por ello, una vez más la relatorí­a, que recordó que en lo que va de año han sido secuestrados al menos nueve periodistas en México en una escalada de violencia que sufren los comunicadores de esa nación, reiteró su llamamiento al Estado para impulsar polí­ticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad de expresión de una manera efectiva, y que desalienten la repetición de estos lamentables hechos.

    Entre otros, solicitó de manera urgente a las autoridades mexicanas combatir la impunidad de los crí­menes contra los informadores.

    Para ello, considera necesario la identificación y procesamiento de los responsables de estos crí­menes con el objetivo de evitar más actos violentos dirigidos a acallar, castigar o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales.

    Asimismo, calificó de indispensable que México fortalezca la fiscalí­a especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así­ como que traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crí­menes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados»

  • Sigue calvario de mujeres que abortaron en Guanajuato

    â??En el Cereso sí­ hay represión y mucha. Cuando va Derechos Humanos a visitarnos las custodias no se nos despegan. Te escuchan en todo momento y te sientes presionada; y si dices por qué estás ahí­ te ponen pies y manos donde no van [tergiversan todo] y aunque no te amenazan directamente, sí­ te advierten: oye, si sigues con las entrevistas te puede afectar en tu casoâ?¦â?

    Habla Alma Yareli Salazar Saldaña, trabajadora doméstica de 26 años de edad, recién liberada del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Guanajuato, donde purgó tres años de una sentencia de 27, a la que fue condenada como responsable de homicidio en razón de parentesco por haber sufrido un aborto espontáneo en octubre de 2007 en esta ciudad.

    Declarada inocente por el magistrado Miguel Valadez Reyes, del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, Alma Yareli es la única integrante de un grupo de siete jóvenes sentenciadas a largas penas de encierro que ha recuperado su libertad. En una entrevista concedida a La Jornada aquí­ esta mañana, pidió para sus compañeras que permanecen tras las rejas:

    Justicia, que las liberen pronto. Y al preguntarle qué opina sobre el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramí­rez, según el cual aquí­ no hay mujeres presas por abortar, afirma: Para él, ellas son un cero a la izquierda.

    Al relatar su pesadilla en la cárcel, recuerda que la mañana del 21 de octubre de 2007 â??desperté con dolores y sangrado; fui al baño y se me rompió la fuente. Y no supe más. Perdí­ el conocimiento. Cuando desperté, como a los 15 minutos, el producto estaba sin vida, no respiraba. Y como no podí­a faltar al trabajo, me lo llevé a la zapaterí­a, para ver si reaccionaba, pero noâ?¦ Y en la noche, cuando salí­, lo envolví­ en una sudadera y lo dejé en la calle [del Calvario]. Sé que fue un graví­simo errorâ?.

    Después de varios dí­as, la Policí­a Ministerial la localizó. â??Cuando me detienen preguntan por otra persona, nunca me dijeron de qué me acusaban. Me suben a la camioneta y me iban pegando todo el camino; me insultaban: â??hija de tu puta madre di la verdad, no te hagas pendejaâ??; pero repito, nunca me dijeron de qué estaba acusada, sólo me preguntaban â??di con quién ibas cuando dejaste a la bebéâ??â?

    Sin pruebas concluyentes para inculparla por homicidio, el Ministerio Público la consignó al juez Carlos Alberto Llamas y éste la condenó a partir de un dictamen de autopsia dogmático, y por lo tanto irrelevante, según la resolución absolutoria que emitió el magistrado Valadez Reyes, ex procurador de Justicia estatal, al admitir el recurso de apelación interpuesto por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a favor de Alma Yareli.

    Para los peritos de la Procuradurí­a estatal, la joven abandonó a su niña viva en la calle, donde, según ellos, murió de frí­o, pues al levantar el cadáver éste presentaba la misma temperatura que las piedras de la calle Calvario (sic). Sin embargo, un perito en discordia demostró que Alma Yareli no recibió atención médica durante la expulsión del producto y ofreció como evidencia el hecho de que al ser localizado el cuerpo en la ví­a pública, el cordón umbilical del producto no contení­a restos de sangre, señal inequí­voca de que ya habí­a expirado cuando la joven lo abandonó por temor a tener problemas familiares, lo que ahora reconoce como un graví­simo error.

    Sin atención médica, ni educación reproductiva, fue condenada en primera instancia a 27 años de prisión. ¿Qué sentiste en ese momento?, le pregunta La Jornada. Se me cayó el mundo encima. 27 años y medido se dicen fácil, pero pensar que uno va a vivirlos encerrada entre cuatro paredes, es algo que no se puede describir. Sólo pensé, qué voy a hacer, mis hijos van a crecer, no van a venir a verme, me van a abandonar. Me voy a quedar sola en el olvido.

    Madre de tres menores â??un niño de 10, una niña de seis años y una bebé de año tres meses, que concibió en el penalâ??, ahora que dejó atrás el Cereso, Alma Yareli se declara â??contenta, feliz, libre. Pero recuperar a tu familia no es fácil. En esos tres años que perdí­ allá adentro, mis hijos se adaptaron con mi mamá y mi ex suegra. Y me dicen â??te quiero mucho, pero me quedo con mi abuelaâ??. Ellos no entienden la realidad ni el porqué. A veces mi hija me dice Yareli, y a veces mamáâ?.

    ¿Qué es lo que te da más miedo cuando estás presa? Que te trasladen a otra cárcel. Eso es lo que más angustia ahorita a mis compañeras, porque serí­a más difí­cil para sus familias visitarlas. Por eso entiendo por qué firmaron las cartas en que dizque ya no quieren entrevistas con la prensa. Y es que cada vez que haces algo por tu bien, puede venir un traslado porque dicen que alteras el orden dentro del Cereso.

  • La culpa no es ni del alcalde ni de la Ciudad en caso Loveparade

    Un peritaje independiente sobre la tragedia del festival musical Loveparade, que costó la vida a 21 personas, ha llegado a la conclusión de que la ciudad de Duisburgo y su alcalde, el cristianodemócrata Adolf Sauerland, no son responsables directos de la catástrofe.

    El rotativo alemán «Bild» revela hoy que un peritaje realizado por una empresa independiente por encargo de las autoridades de Duisburgo estima que los responsables municipales no actuaron negligentemente.

    Asimismo y tras estudiar los 35 volúmenes de actas sobre el caso, los peritos concluyen que la catástrofe se produjo debido a que terceras personas, presuntamente los propios organizadores de la Loveparade, no aplicaron correctamente las directrices marcadas por la ciudad de Duisburgo para la celebración del evento.

    La tragedia de Duisburgo conmocionó a Alemania el pasado 24 de julio, cuando en la mayor fiesta de música ‘tecno’ del mundo numerosos fallos de previsión propiciaron una avalancha humana de miles de personas atrapadas en un túnel de los años 60, de unos 10 metros de ancho y sin salidas de emergencia.

    Entre los 21 fallecidos hubo dos jóvenes españolas, Clara Zapater y Marta Acosta, ambas de 22 años. En total fueron ocho los extranjeros que perdieron la vida en el incidente, en el que resultaron heridas cerca de 500 personas mas.

    Tras la mortal avalancha, se multiplicaron las voces que pidieron responsabilidades políticas del alcalde Sauerland, entre ellas numerosas procedentes de su propio partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

    Mientras tanto, el estado federado de Renania del Norte-Westfalia ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de un millón de euros para indemnizar a los familiares de los fallecidos y a los heridos en el festival musical

    Technorati Profile

  • Ni de aqui ni de alla, SB 1070 fuera de Arizona

    La ley SB-1070 de Arizona es el radical colofón de una serie propuestas e iniciativas aplicadas a nivel estatal y federal, destinadas a contener la inmigración ilegal que, pese a persecuciones y mayores restricciones para acceder a los servicios públicos y sistemas de seguridad social, continúa extendiéndose en otros estados de ese paí­s hasta alcanzar este año la cifra histórica de más de 12 millones de habitantes de origen mexicano.

    El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos documenta que desde 1994, cuando el gobernador republicano de California, Pete Wilson, impulsó la Propuesta 187 para negar servicios públicos a indocumentados â??la cual fue aprobada y posteriormente suspendida por una corte federalâ??, la inmigración no sólo continuó en aumento en las ciudades fronterizas de Arizona, Texas y Nuevo México, sino que se extendió hacia Florida, Nueva York, Georgia, Chicago y Nebraska.

    Miguel Cervantes Jiménez, del área de investigación socioeconómica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vaticina que la ley SB-1070 sólo cumplirá el propósito de desplazar hacia otras ciudades estadunidenses los enormes flujos de indocumentados, pero que éstos no retornarán a su paí­s, â??que es tal vez la última y más drástica decisión de quienes enfrentaron graves sacrificios para ingresar y asentarse en algunas de las entidades de Estados Unidosâ?. Prueba de ello, dijo, es que ante la facultad que se concede a la policí­a local y a las autoridades municipales para detener e investigar la situación migratoria de todo aquel que por su apariencia fí­sica sea sospechoso de no contar con residencia legal, más de 150 mil mexicanos, lejos de regresar a su paí­s, han optado por desplazarse hací­a California y Texas, donde son menos rí­gidas las leyes y tienen alguna oportunidad de encontrar otro empleo.

    Esa información es constatada por el consulado de México en Phoenix en un informe donde señala que durante las últimas semanas, más de 150 mil connacionales dejaron la entidad para dirigirse a California y Texas, donde se ha condenado la ley antiinmigrante de Arizona pero donde por igual persiste el trato discriminatorio y la persecución.

    Héctor Pedraza Olguí­n, integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, señaló que se calcula que más de 500 mil connacionales radican en Arizona, y que éstos seguramente continuarán abandonando la entidad: el legislador dijo que sólo dos de cada 10 tienen la intención de regresar a su comunidad y que el resto piensa continuar en Estados Unidos, debido a que en México persisten las condiciones económicas adversas. Expuso que lo preocupante es que con base en datos del Centro de Polí­tica Migratoria, más de una docena de estados de ese paí­s se preparan para cerrarle la pinza a los indocumentados promoviendo legislaciones similares a la ley SB-1070 de Arizona.

    Las iniciativas antiinmigrantes se preparan en los congresos de Arkansas, Maryland, Minessota, Missouri, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Texas y Utah, donde se tiene una alta concentración de inmigrantes mexicanos y latinos que se emplean en la industria de la construcción y en empresas de servicios. Informes de la institución estadunidense encargada de analizar el tema migratorio, destacan que a raí­z de la frustrada reforma migratoria de 2006, el número de iniciativas de ley y resoluciones locales y federales presentadas en el ámbito legislativo de Estados Unidos supera hoy en más de tres veces a las 570 presentadas aquel año

  • Arrestan por racismo a joven en EU

    La Policí­a de Nueva York anunció hoy el arresto de un adolescente en conexión con la agresión de un joven mexicano golpeado e insultado con epí­tetos raciales la madrugada del sábado, uno más de varios ataques contra hispanos en Staten Island.

    Las autoridades señalaron que un adolescente de 15 años de la raza negra y residente de Staten Island, Nueva York, fue arrestado la noche del domingo y enfrenta cargos, como menor de edad, de robo, agresión y acoso agravado como crimen de odio.

    Autoridades indicaron que el agresor detenido correspondí­a a la descripción ofrecida por la ví­ctima.

    La Policí­a reportó que cerca de la 02:30 de la madrugada jóvenes negros agredieron a un menor de 18 años de origen mexicano cuando este regresaba a su casa tras salir de su trabajo de ayudante en un restaurante de Manhattan.

    El reporte de la Policí­a indicó que los agresores le gritaron fuertes insultos raciales y lo llamaron â??mojadoâ? y luego lo golpearon en varias partes del cuerpo.

    La ví­ctima fue trasladada al Centro Médico de Staten Island por los golpes y heridas que sufrió.

    Los atacantes le robaron diez dólares que la ví­ctima tení­a en su billetera.

    â??El joven no está grave, pero está adolorido y tiene un moretón en el ojo izquierdoâ?, señaló Hortencia Martí­nez, del Centro del Inmigrante en Staten Island.

    La comunidad y activistas del condado no se explican que tras el despliegue de vigilancia y más agentes durante las últimas semanas se registren nuevos casos.

    â??Con toda la vigilancia que hay es imposible que los agresores sigan con los crí­menes. No se puede poner a un policí­a en cada calle del sector. Esto es inaudito e incomprensibleâ?, explicó Martí­nez.

    La activista dijo que este dí­a habí­an llegado más policí­as y de origen latino para que continúen la campaña que contrarreste esa ola de agresiones contra los mexicanos.

    El Departamento de Policí­a de la ciudad estableció una Unidad Especial de Crí­menes de Odio para Staten Island luego que desde abril se desatara una ola de agresiones a latinos, en particular a mexicanos.

    Las autoridades están distribuyendo un panfleto con consejos de seguridad en la noche, donde le piden a la comunidad permanecer acompañados, caminar por lugares iluminados y reportar cualquier agresión sin temer por su estatus migratorio.

    El ataque del sábado es el más reciente caso de agresión de intolerancia racial de los diez que se han registrado en el sector de Port Richmont.

    En cuatro de los diez casos de agresiones a latinos la policí­a ha efectuado arrestos.

    Investigadores indicaron que continúan sus esfuerzos para resolver los casos y detener las agresiones

  • SCJN avala matrimonios gay en el DF

    La mayorí­a de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en favor de declarar constitucionalmente válidos los matrimonios entre personas del mismo sexo, implementados en el Distrito Federal.

    En el primer dí­a de discusiones en torno al juicio que promovió el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, en contra de la reforma capitalina, siete de los ministros del máximo tribunal del paí­s se pronunciaron por validar este tipo de uniones.

    El Pleno del alto tribunal dividió la revisión del juicio, básicamente, en tres bloques. Primero se concentraron en la revisión de los matrimonios y después lo harán en torno a las adopciones de niños por parte de estas parejas y al final, si este tipo de matrimonios tendrán o no validez en el resto del paí­s.

    Al fijar su postura en torno a los matrimonios, los ministros Sergio Valls Hernández, Arturo Zaldí­var, José Ramón Cossí­o, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas y Luis Marí­a Aguilar Morales consideraron que esta medida no vulnera ni violenta ninguna disposición establecida en la Constitución.

    De momento los únicos que se han opuesto a esta parte de la reforma son los ministros Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

    Debido a que el tiempo establecido para esta sesión se agotó, quedó pendiente la intervención del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y de la ministra Margarita Luna Ramos, quien no acudió hoy por motivos de salud.

    La sesión de la Corte se reanudará el próximo jueves, fecha en la que se espera que se emita la votación, al menos en este punto. El tema de las adopciones y de la validez de los matrimonios en el resto del paí­s aún no se discute.

    Conforme a las posturas que se han fijado, es prácticamente un hecho que la Corte avale, al final, los matrimonios gay.

    Como se preveí­a el ministro Sergio Aguirre Anguiano, ubicado claramente como uno de los integrantes del máximo tribunal de corte conservador, fue el que inició la discusión al expresar sus argumentos en contra de la validación de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

    Para defender su postura Aguirre lo mismo hizo referencia a Benito Juárez, a sus Leyes de Reforma, que a figuras geométricas, al origen cultural y etimológico de la palabra matrimonio, que a la defensa de una institución que, dijo, está destinada a la procreación y preservación de la humanidad.

    De inicio, Aguirre afirmó que la reforma aprobada en el Distrito Federal traiciona la ideologí­a juarista y los ideales de los liberales que consideraban que los matrimonios sólo deben contraerse entre un hombre y una mujer.

    A manera de ejemplo, para dar una idea de cómo se alteró la esencia del matrimonio, dijo, que la medida habí­a sido tanto como quitarle un lado a un cuadrado para que dejara de ser un cuadro y se convirtiera en un triángulo.

    La respuesta a sus afirmaciones llegó de inmediato. Punto, por punto, el ministro Arturo Zaldí­var refutó a Aguirre.

    Al fijar su postura en torno al primer tema de la discusión, Zaldí­var dijo que le parecí­a â??muy preocupanteâ? lo dicho por su compañero, porque era desconocer que en el paí­s hay distintos tipos de familias, las formadas por quienes tienen hijos adoptivos, por madres solteras, por padres divorciados, por abuelitos que se hacen cargo de los nietos.

    â??No veo â??afirmó- ninguna razón para sostener que hay un concepto ideal de familiaâ? ni para decir que el modelo formado por heterosexuales es el mejor, basta, agregó, con ver las cifras en torno a abusos sexuales cometidos en este tipo de familias y que, dijo, son verdaderamente alarmantes.

    No es posible, afirmó, seguir pensando en esta â??familia tipo Disneylandiaâ?, porque no hay familias de primera ni de segunda, todas, agregó, merecen el mismo respeto.

    Por lo que se refiere al matrimonio, dijo, se trata de un concepto artificialmente creado por el Derecho y que cómo tal evoluciona.

    La realidad que se vive en el paí­s, dijo, no las podí­an ver ni prever en las Leyes de Reforma ni el Constituyente de 1917.

    El ministro José Ramón Cossí­o, enseguida, también se sumó a favor de declarar valida la reforma capitalina.

    En el turno le siguió el ministro Juan Silva Meza, para quien la legislación que aprobó la Asamblea Legislativa es un reconocimiento a los cambios que se han registrado en la sociedad.

    La realidad de nuestro paí­s, y en concreto la del DF, dijo Silva, es distinta a la de hace algunos años, y una muestra de ello, es que ya no hay un solo modelo de familia.

    Tenemos, agregó, que aceptar que existen familias sin hijos, parejas que no pueden tener descendencia o que no quieren tenerla; y que cualquier individuo tiene derecho a conformar una familia, sin importar sus preferencias sexuales.

    El único ministro que apoyó, hasta el momento, la postura de Aguirre, fue el presidente del alto tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien recordó que el matrimonio es una institución milenaria que se conforma únicamente por un hombre y una mujer.

    Con la reforma del DF, dijo, se altera su esencia, debido a que uno de los fines esenciales del matrimonio es la procreación de la especie.

    A manera de justificación, Ortiz aseguró que las uniones entre homosexuales ya estaban protegidas a través de las sociedades de convivencia y, por tanto no enfrentaban, en su opinión, ningún tipo de discriminación o de trato desigual.

    El ministro Ortiz le pidió a sus compañeros de la Corte poner especial atención en este último punto, porque, dijo, â??va resultar que todos los estados de la República que no han hecho estarán en cursos de un vicio de inconstitucionalidadâ?.

  • SB 1070 ya causa daños colaterales

    Aunque la ley SB 1070 de Arizona no entró en vigor en todos sus puntos, existe un â??daño colateralâ? que los migrantes mexicanos deben enfrentar en Estados Unidos, advirtió el director asociado de la NALACC, José Luis Gutiérrez.

    En entrevista, el director asociado de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés) señaló que los migrantes ahora enfrentan un problema de percepción.

    Expuso que los grupos antiinmigrantes que esperaban el momento polí­ticamente correcto para expresarse encontraron en la SB 1070 la oportunidad, sin importar que la Corte de Arizona haya decidido suspender la aplicación de algunas de sus partes.

    El directivo de la organización promigrantes indicó que la percepción que se tiene no sólo en Arizona sino por lo menos en otros 18 estados que promueven leyes similares, es muy negativa.

    Se trata de un problema que los migrantes tendrán que enfrentar por años, y que será muy difí­cil revertir. â??El reto es convencer a los estadunidenses de que no venimos a quitarles el trabajo, sino a complementar su economí­aâ?, explicó.

    Pero además, contrario a la imagen que quieren promover los grupos más conservadores, los migrantes no son delincuentes; de hecho, se encuentran entre los grupos que más respetan las leyes.

    La aplicación total o parcial de la también llamada â??ley Arizonaâ?, dijo José Luis Gutiérrez, es sólo la formalización de algo que ya vení­a llevándose a cabo, â??institucionalizaron una actitud que ya existí­aâ?.

    En todo caso a la â??percepción perversaâ? que sobre los migrantes están creando los grupos más agresivos, se debe â??anteponer claramente el mensaje de que los migrantes no estamos dispuestos a negociar el respeto a nuestros derechos humanosâ?.

    José Luis Gutiérrez agregó que lo preocupante no es sólo la ley, sino el clima social que la rodea, en donde se observan â??actitudes fascistas y xenofóbicasâ? que han crecido en muchos estados de la Unión Americana