Categoría: Colaboradores

  • La tarjeta al presidente del avance de Dos Bocas

    La tarjeta al presidente del avance de Dos Bocas

    En esta semana le llegó al presidente Andrés Manuel López Obrador el estatus en que se encuentra su proyecto petrolero en Tabasco, la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, en esa tarjeta lo que se esperaba fueran buenas noticias, de hecho, en los términos de ingeniería lo son, mantienen al titular del ejecutivo con la duda de presentar los datos o no.

    ¿Qué dice la tarjeta? Básicamente que, ahora sí, la nueva refinería Olmeca comenzará la producción de al menos 45 mil barriles diarios de diésel de bajo contenido de azufre este fin de semana, en teoría todas las pruebas que se hicieron son para que el 27 de abril ya se empiezan a hacer los primeros barriles de combustible. Estos mismos qie estaban listos, según, desde octubre del año pasado.

    La nota informativa al presidente le indica que, ahora sí, en junio el tren de gasolina va a iniciar producción completa y se espera llegar a unos 60 mil barriles diarios de gasolina.

    En las proyecciones para 2024, se calcula que la nueva refinería aporte al mercado nacional 107 mil barriles diarios de gasolina adicionales este año.

    ¿Qué es lo que tienen listo? Puesto que la planta de producción de diesel ya está en operación, se activa el catalizador con carga y hacia el fin de esta semana se estará produciendo, finalmente, diesel.

    Las plantas del tren de gasolina van en tiempo en el programa de arranque y si se mantienen las cosas en el rumbo en que están van a iniciar producción completa en junio próximo.

    La planta de diésel ya está operando, hay que activar el catalizador con carga por unos días y hacia finales de esta semana estará produciendo diésel comercial.

    Traducido al lenguaje de los mortales eso significa que la planta ya tiene carga, pero tienen que pasar unos días para que el catalizador pueda activarse y desulfurar el diésel, una vez activado, ya es continua la producción.

    Estamos hablando de aproximadamente 45 mil barriles, los primeros días y de ahí se va a ir incrementando hasta 120 mil barriles diarios, según el informe que le pasaron al presidente.

    Los problemas como la falta de una herradura para sacar el producto por tren o la falta de la infraestructura en el puerto siguen sin resolverse, pero al menos ya se tiene una fecha completa y cercana que darle al presidente que mantiene una presión enorme sobre los encargados del proyecto.

    Buzos

    1.-Nos cuentan que Pemex, que dirige Octavio Romero, trabaja a marcha forzada en las mejorar de la infraestructura de su industria petroquímica, pues tan solo para este año y para 2025 asignó un presupuesto que se supone servirá para restablecer dos de las plantas de azufre que tiene y que estaban fuera de uso, el monto asignado es de 854 millones de pesos para Nuevo Pemex y 854 millones para Ciudad Pemex. En teoría estos dos proyectos son fundamentales para rescatar la industria de la petroquímica, que según los directivos de la empresa es una de las industrias que más deterioro sufrió en los años anteriores y en la que se dejó de invertir de manera importante. Además, es fundamental pues de ella se obtiene la materia prima para los procesos petroquímicos de la empresa productiva del Estado, además de que, como negocio, es de los que mejores rendimientos da a Pemex.

    2.- La deuda de Pemex con proveedores, la deuda oficial, reconocida por la empresa suma los 163 mil 207 millones de pesos, la cifra negra, no reconocida se dice es sobre los 210 mil millones y solo los consentidos no tienen problema alguno, por ejemplo, Cotemar.

    Por: Luis Carriles 
    Twitter: @luiscarrujos
    Vía: El Sol de México

  • La caja de Pandora

    La caja de Pandora

    “Aún hay jueces en Berlín” es una frase clásica en el ámbito jurídico. Se refiere a la disputa entre un plebeyo, -el molinero Arnold de Sanssouci-, y el rey Federico El Grande, de Prusia, quien pretendía demoler el molino que estorbaba la vista de la campiña desde su palacio de verano.

    Cuenta la leyenda, -quizá real-, que el molinero fue a exponer su caso ante un juez de Berlín, quien impidió que el rey llevase a cabo tal atropello sobre el patrimonio de su súbdito. Días después que ambos se encontraron, Sanssouci le dijo burlonamente al rey: “Aún hay jueces en Berlín”, para dejar claro que la ley se había impuesto sobre el capricho del monarca.

    Esto es aplicable con toda claridad al hecho que consignan varios reportajes periodísticos recientes, que dan cuenta de la deleznable práctica instrumentada durante la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN.

    Todas las referencias indican que Carlos Antonio Alpízar, -ex secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, CJF-, y hoy alto funcionario de la Secretaría de Gobernación-, era el responsable de presionar a los jueces en el fatídico “piso 14” de esa institución, para que diesen su fallo a favor de las instrucciones recibidas de parte del presidente López Obrador, -o de alguno de sus allegados-, como lo era el abogado del presidente, Julio Scherer Ibarra.

    Sin embargo, muchos jueces se negaron a cumplir dichas órdenes por considerarlas injustas o ilegales, asumiendo las consecuencias que su digna actitud recibió a cambio. Muchos perdieron su cargo, otros enfrentaron represalias judiciales, otros fueron denostados y agraviados en su reputación profesional, o incluso enfrentaron expedientes donde se sembraron infundios que no pudieron comprobarse.

    Esos hechos dejan constancia de que aún tenemos en México jueces honestos y dignos, capaces de enfrentar los caprichos e intereses que se manejan desde el poder gubernamental para que la justicia prevalezca.

    La “Caja de Pandora” que describe el posible contubernio entre Palacio Nacional y la presidencia de la SCJN durante la presidencia del ministro en retiro Arturo Zaldívar, parece ser un escándalo que nos alerta de los riesgos que existen cuando el Poder Judicial se somete al Poder Ejecutivo.

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  • La barda de Calderón, que canceló Peña

    La barda de Calderón, que canceló Peña

    La construcción de la refinería de Dos Bocas, ahora Olmeca, tiene como origen los planes de la Bicentenario, un proyecto ambicioso creado en el escritorio de Jesús Reyes Heroles como director de Pemex. La idea era aprovechar al máximo la capacidad de la refinería de Tula, mejorarla y atender el mercado del centro del país.

    A una decisión tomada con criterios técnicos se le vino encima una política, en ese entonces se analizó Tabasco, un sitio similar al que hoy alberga lo que sea que estén haciendo en Dos Bocas y en ese entonces se descartó por las mismas razones que hoy se comprueban, lejos de los sitios de consumo, se inunda fácilmente y los sobrecostos hacían inviable el proyecto, al final, la Bicentenario era una ampliación de la de Tula, aunque no lo reconocieron, similar a lo que Shell hizo en Port Arthur, Texas.

    Se compraron los terrenos, el gobernador de Hidalgo de ese entonces, Miguel Ángerl Osorio Chong pagó 700 hectáreas en los ejidos de Tula y Atitalaquia, se bardearon y prepararon, en todo ese proceso se gastaron unos 650 millones de dólares, pero con el cambio de sexenio la decisión cambió.

    Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ortodoxo de la economía, enfrentó a Osorio Chong, secretario de Gobernación; y canceló la obra, es más barato importar petrolíferos que desarrollar una industria; el agarrón entre ambos secretarios fue a morir. Así, la barda de Calderón en realidad es la de Enrique Peña Nieto o mejor dicho es la barda Videgaray.

    Y como en los planes estaba la reforma energética, que era abrir todo el espectro de hidrocarburos, pues si alguien quería hacer su propia minirefinería y comprar petróleo a Pemex o importarlo lo podría hacer, esa era la meta, tener unas seis mini refinerías privadas y de alta eficiencia, con petróleo importado o nacional.

    La Bicentenario lo retoma el presidente López Obrador para Tabasco, un sitio que no soportó las primera pruebas de Reyes Heroles y se puso a hacer Dos Bocas ahora llamada Olmeca, con un costo, a saber, de 22 mil millones de dólares y no tiene ducto paras sacar el producto, herradura de tren, está desconectada de su logística.

    El plan de Pemex con la 4T desde el principio fue que estaría funcionando para las fiestas patrias del 2024, pero la insistencia política, la urgencia de tener una narrativa ganadora, los obligó a hacer inauguraciones falsas: 2 de julio del 2022, fin de la obra civil, junio del 2023 inicio de pruebas y ahora junio de 2024 primeras cargas comerciales, pero en Tabasco saben que no podrán estar listos antes de septiembre y en una de esas hasta diciembre.

    Buzos

    1.-Pemex, a cargo de Octavio Romero, busca anotar un nuevo récord con la perforación de su pozo más profundo, el exploratorio Iklum, entre Tabasco y Veracruz, en las Cuencas del Sureste y Cinturón Plegado de Chiapas, y según presumen los ingenieros tiene una gran similitud con el yacimiento de Quesqui. Este nuevo pozo tiene un avance de más de 3 mil metros de perforación, pero alcanzará los 8 mil 400 metros, será el más profundo de la petrolera y contiene un recurso prospectivo de 82 mmpce. Además de sus recursos, posee un valor estratégico, pues en caso de que resulte productor abriría una nueva área de exploración cercana a la provincia Salina del Istmo.

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    Por: Luis Carriles 
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    Vía: El Listo Sol de México

  • Ecuador … como anillo al dedo

    Ecuador … como anillo al dedo

    Partiendo del inequívoco reconocimiento de que es inaceptable la violación de la inmunidad diplomática de nuestra embajada en Ecuador, -pues este acto infringe los acuerdos de la Convención de Viena-, este conflicto amerita una profunda reflexión sobre la política exterior de la 4T, que sigue las instrucciones personales y precisas de nuestro presidente de la república.

    Primeramente, recordar que este no es un incidente aislado. Nuestro presidente ha confrontado a la presidenta Dina Boluarte, de Perú, -e intervenido directamente en la vida democrática de ese país-, cuestionando agresivamente el proceder del Congreso peruano, que destituyó al presidente Pedro Castillo, -así como a las autoridades peruanas que lo encarcelaron-, después de que éste mandatario pretendiese dar un autogolpe de estado , el 07 de diciembre del 2022, disolviendo al Congreso, que lo acusaba de corrupción.

    Además, nuestro presidente también está metido en una confrontación directa con el presidente de Argentina Javier Milei, a partir de que López Obrador deslegitimara su triunfo electoral. Podremos no estar de acuerdo con las políticas sociales y económicas de Milei, pero es su atribución plantearlas a partir de haber ganado la elección prometiendo al electorado lo que hoy promueve como titular del Poder Ejecutivo.

    Respecto a Ecuador, López Obrador intervino en las elecciones apoyando a la candidata Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, -al que pertenece su amigo, el expresidente Rafael Correa-, hoy exiliado en Bélgica para evadir una condena de prisión de ocho años, por corrupción.

    Los argumentos del gobierno de Ecuador, en boca de su canciller Gabriela Sommerfeld, -respecto al caso Jorge Glas-, se resumen en que la pretensión de México de dar asilo político a Glas no corresponde a las circuunstancias de un perseguido político, sino a un exfuncionario sentenciado por corrupción que se escondió en la embajada de México para no ser detenido y evadir su condena. Por tanto, lo que realizó nuestra embajada en Quito por instrucciones del presidente López Obrador fue “obstrucción de la justicia” de otro país libre y soberano, para proteger a un “funcionario amigo”.

    En un video donde se describe una conferencia de prensa, la canciller ecuatoriana explica todos los intentos realizados previamente por el gobierno de su país para explicar al gobierno mexicano la situación jurídica del expresidente acusado y juzgado por corrupción, y la cerrazón de este gobierno de la 4T para negociar.

    Para nosotros como mexicanos es importante definir el perfil de los asilados políticos que deben recibir la protección del Estado Mexicano.

    México se ha destacado por dar asilo a ciudadanos extranjeros en riesgo en su país, en función de sus ideas políticas e ideológicas, como sucedió con muchos chilenos después del golpe de estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet. Sabiéndose de la represión brutal que hubo en contra de los seguidores del presidente Salvador Allende, -que fueron torturados y asesinados en los cuarteles militares-, fue que nuestro país ofreció asilo.

    De la misma forma se actuó con ciudadanos argentinos en riesgo a partir del golpe militar perpetrado también el 24 de marzo de 1976 en contra de la presidenta María Estela Martínez de Perón por un grupo de militares que impuso como presidente al general Jorge Rafael Videla.

    Antes México ya había dado asilo a los ciudadanos brasileños cercanos al presidente Joao Goulart, derrocado el primero de abril de 1964 por las fuerzas armadas. De gran significación fue el asilo que se dio a miles de familias españolas durante la guerra civil iniciada por el general Francisco Franco en 1936.

    Sin embargo, el asilo político lo determina el riesgo que se deriva de cuestiones ideológicas y persecuciones políticas. Muy diferente es el funcionario perseguido y juzgado por corrupción y delitos del “fuero federal”, como es el caso de los asilados por este gobierno de la 4T.

    En un excelente reportaje de investigación publicado por el periódico El Sol de México, -a partir de datos obtenidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, titulado “Acoge la 4T a 80 prófugos políticos”-, da cuenta de que este gobierno ha dado asilo a funcionarios cercanos al expresidente de Ecuador Rafael Correa, -entre ellos a Jorge Glas-, apresado en la Embajada de México en Quito, así como a los colaboradores de Evo Morales, expresidente de Bolivia y a los damnificados del gobierno del presidente Pedro Castillo de Perú.

    El caso de Jorge Glas es significativo, pues el presidente López Obrador al dar asilo obstaculizó un procedimiento judicial del gobierno ecuatoriano que en diciembre del 2017 lo sentenció a ocho años de prisión por haber participado de los sobornos recibidos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, por un monto de 35 millones de dólares, para favorecer el otorgamiento de contratos.

    Sin embargo, después de cuatro años obtuvo su libertad condicional, pero al ser citado a comparecer por otra acusación, decidió evadirse de la justicia de su país y se refugió en la embajada mexicana, y pidió asilo político.

    Este es el momento como ciudadanos pedir cuentas a este gobierno de la 4T respecto al abuso en las relaciones internacionales.

    Ahora el riesgo es que “como anillo al dedo” este conflicto con Ecuador ayude al presidente a generar un movimiento patriotero, -muy emocional-, que le permita liderar en época electoral un fenómeno de cohesión bajo el argumento heroico.

    La exigencia del gobierno de México para que Ecuador sea expulsado de la ONU muestra el interés de prolongar el conflicto.

    De entrada, el presidente López Obrador ya empezó a recibir el apoyo de muchos países que con toda razón reprueban el proceder ilegal del gobierno ecuatoriano.

    El gobierno ecuatoriano debiese haber optado por otras acciones para obligar al gobierno obradorista a respetar su derecho a ejercer acciones jurídicas, sin tener interferencia mexicana, antes que invadir la embajada.

    No debemos olvidar que el candidato Villavicencio, -asesinado durante la pasada campaña electoral de Ecuador-, reprochó en un video, -que hoy circula en redes sociales-, al presidente López Obrador su actitud intervencionista.

    Ni qué decir de los reclamos del presidente López Obrador hacia el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, entre otros muchos sucesos que han caracterizado a nuestra política exterior durante estos últimos años.

    México ha sido un país respetado en todo el mundo por su actitud equilibrada y humanista frente a los grandes acontecimientos de la historia y ha ejercido un importante liderazgo de opinión.

    Sin embargo, México hoy significa conflicto. Es importante rescatar la esencia de la diplomacia mexicana.

    SEGURIDAD A MEDIAS

    Los candidatos que son protegidos por la Guardia Nacional han dado la voz de alarma respecto a que por la noche son abandonados por sus protectores, quienes a falta de viáticos para pernoctar cerca de los candidatos a quienes deben cuidar, acostumbran a regresar a sus cuarteles para descansar, dejándolos desprotegidos y en posición vulnerable.

    Es evidente que quienes pretendan atacar a un candidato descubrirán pronto estos horarios donde sus víctimas están desprotegidas.

    FONDO DE PENSIONESPARA EL BIENESTAR

    La falta de claridad respecto al origen de los recursos con que se pagarán las pensiones que garantizan una jubilación digna para los asalariados mexicanos, -iniciativa propuesta por la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados-, pone en evidencia que todo está construido sobre la base de suposiciones y buenas intenciones.

    Después de escuchar entrevistas realizadas a expertos en el ámbito de las finanzas públicas, queda claro que esta iniciativa de reforma liderada por el diputado Ignacio Mier y por la diputada Angélica Cisneros Luján plantea números que no tienen sustento, -no sólo en el largo plazo-, sino tampoco en el mediano.

    Un proyecto de este tipo debe tener el respaldo de un estudio de viabilidad, cuyo resultado asegure que esté garantizada la sustentabilidad financiera que permita cumplir con sus compromisos a largo plazo. Sin embargo, MORENA tiene prisa por aprobarlo.

    Queda evidente que esta iniciativa lleva una motivación electoral.

    Total… si no se cumplen estos compromisos, en “México no pasa nada” más allá de unos cuantos “memes”.

    LA ESPERANZA

    El tramo de la Esperanza, Estado de Puebla, -que es parte de la autopista que conecta a la Ciudad de Puebla con Orizaba, Veracruz-, desde hace varios años se ha considerado muy peligroso pues cuando baja la neblina una gavilla de delincuentes cierran esa vialidad para asaltar por igual a transportistas que a automovilistas.

    Sin embargo, el miércoles 03 de abril pasado fue asaltado el vehículo en que viajaba el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes, y dos sacerdotes más, junto con otros automóviles y tractocamiones.

    Desde hace muchos años es conocido el modus operandi de estos delincuentes y sin embargo las autoridades no han hecho ningún operativo para detenerlos aun sabiéndose que son moradores de esa zona. ¿Habrá contubernio entre autoridades y delincuentes?

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  • Los esclavos del SME

    Los esclavos del SME

    El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) está formado por 16 mil 500 trabajadores que fueron despedidos de Luz y Fuerza del Centro y ahora son prácticamente esclavos de su líder, Martín Esparza, que con la promesa de darles empleo en las empresas que maneja hacen lo que se les pide. Lo que sea, lo mismo acuden al rescate de Acapulco después del huracán Otis por 3 mil pesos a la semana, sin viáticos y sin equipos de protección -murieron dos trabajadores, no tenían seguro y las viudas fueron amenazadas si hablan – o van a los mítines de Morena y ni frutsi les toca porque, según, esos recursos se entregaron a la dirigencia.

    Martín Esparza no está sólo, su pistolero es el secretario del Trabajo del SME, Israel Núñez, que vende las plazas en el Proyecto Fénix o en Parque Aztlán a 180 mil pesos a gente que nunca fue parte del SME, es un negocio redondo, por que se requiere dedicar un año y medio de salario para pagar el empleo en las empresas donde el SME y Mota Engil son socios.

    Hablamos con miembros del SME que siguen aportando cuotas y trabajo gratuito para conseguir la oportunidad, pero Esparza y Núñez manejan el sindicato como negocio personal, sin elecciones libres, con una conducción tiránica expulsan a los que se atreven a levantar la voz.

    Hay instrucciones para que el SME comience a trabajar con la CFE, nos dicen, el presidente pidió a Martín Esparza hiciera los trámites para ello que comenzara la incorporación paulatina de los agremiados y no lo hacen.

    “Para nosotros es un desastre, confiamos en los líderes y nos tienen amenazados, ni trabajo, ni dinero y pura explotación de los bienes del sindicato y no nos toca nada.” Y no hay manera de que interpongan una denuncia laboral porque el secretario del Trabajo se encarga de ello.

    “Somos carne de cañón, nos usan como golpeadores de la disidencia y para los negocios de los dirigentes, las camionetas y los lujos de Martín Esparza y de Israel Núñez se solventan con los negocios que hacen con las instalaciones del SME y no le rinden cuentas a nadie”, nos explica uno de los trabajadores que lleva 14 años y seis meses en la resistencia.

    “Aguantamos todo y no tenemos nada, nos venden una plaza de una empresa que se supone es de nosotros, somos los esclavos esmeítas”, señala Buzos.

    1.- Otra vez Cotemar. Cada vez que hay un accidente grave en el mar Cotemar, de Alejandro Villarreal, está en medio. Ahora hubo dos muertos, Emmanuel Arévalo y Julio César Rojas, víctimas de la explosión e incendio del sábado a las 17 horas en la plataforma Akal Bravo en la Sonda de Campeche. Fueron 14 los trabajadores afectados en el siniestro. Siempre que hay un accidente así, la documentación dice que Pemex Exploración y Producción es responsable, curioso que siempre les pase a ellos y Cotemar siempre sean las víctimas. Curioso ¿no?

    2.- La caída de 43% en los ingresos petroleros de México por las exenciones fiscales a Pemex le va a pegar a las transferencias a estados y municipios del país, hasta ahora el impacto es de casi 50,000 millones de pesos a las participaciones y se va a agravar más porque en los ingresos federales la tasa del DUC pasa de 40% a 30% este año 2024 más una estimación del precio por barril de petróleo menor lo que implica ingresos menores en 43% frente al monto estimado para 2023,advirtió la calificadora Moody’s.

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    Por: Luis Carriles 
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    Vía: El Listo Sol de México

  • Lecciones que nos da Perú

    Lecciones que nos da Perú

    Por cuatro pichurrientos relojes Rolex que no incluyó en su declaración patrimonial la presidenta de Perú, Dina Boluarte, está en serios problemas. Su casa fue allanada en una diligencia judicial por este bochornoso caso denominado «Rolexgate» y ella tuvo que aceptar este procedimiento. ¿Usted se imaginaría una diligencia judicial similar aquí en México?

    En México cualquier alcalde de una ciudad mediana puede tener Rolex, joyas y camionetas de lujo en su casa, sin levantar sospechas.

    Además, la presidenta Boluarte tuvo que acudir ayer viernes 5 de abril ante la fiscalía peruana para rendir cuentas sobre esos relojes no declarados.

    La cara se nos debiese estar cayendo de vergüenza a los mexicanos porque los casos de corrupción denunciados públicamente -y sustentados con documentos por ONGs y difundidos por los más importantes medios de comunicación y las redes sociales-, nunca son investigados y menos aún si son atribuidos a gente cercana a nuestro Presidente.

    Sólo basta con que el presidente López Obrador en una mañanera exonere y le dé un voto de confianza a un funcionario público denunciado públicamente, para que un manto de impunidad proteja al presunto corrupto sin que siquiera se le investigue.

    ¿Qué aires democráticos corren por Perú que aquí no llegan?

    Este país —Perú— tiene actualmente presos a dos expresidentes: a Alberto Fujimori y a Pedro Castillo. Este último es el antecesor de la presidenta Boluarte y fue procesado mientras estaba en el cargo y posteriormente destituido y encarcelado.

    Cabe decir que Pedro Castillo —muy amigo del presidente López Obrador— intentó un golpe de estado que fue la gota que derramó el vaso y por ello fue destituido y encarcelado.

    Además, el expresidente Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por la policía para enfrentar cargos por corrupción.

    A su vez el actual presidente de Brasil, Luiz Inacio «Lula» Da Silva, pasó 580 días en la cárcel mientras era investigado con relación al caso Odebrecht.

    La también expresidenta brasileña Dilma Rousseff fue destituida por violar normas fiscales y maquillar el déficit presupuestal.

    Lo aparentemente inexplicable es que delitos denunciados públicamente y exhibidos en los medios de comunicación de cobertura nacional —y en redes sociales— no tienen ninguna consecuencia. Incluso el financiamiento de campañas electorales con dinero presuntamente de origen ilícito —como lo hizo el empresario tamaulipeco Sergio Carmona, denominado como el «rey del huachicol»—, quedan en la impunidad.

    Este empresario huachicolero fue asesinado en noviembre del 2021 después de aportar 500 millones de pesos para campañas de funcionarios que hoy están en el poder. Sin embargo, ese delito no tuvo ninguna acción judicial de por medio, ni para él, ni para los hoy funcionarios públicos que recibieron ese dinero ilícito, infringiendo la ley electoral.

    La pregunta que cabe hacernos es … ¿por qué las instituciones autónomas de nuestro país no logran sancionar el delito que involucra a funcionarios de altísimo nivel?

    La respuesta es muy clara… no hay quien ejecute las acciones judiciales emitidas en contra de quienes tienen poder gubernamental.

    La FGR es quien debiese tomar las acciones pertinentes —como lo hacen en Perú, Brasil y todos los países democráticos—, donde el Estado de derecho está por encima de los funcionarios que gobiernan.

    En nuestro caso, la FGR ha estado ausente durante lo que va de este sexenio. Con tantas denuncias de corrupción —como la de Segalmex—, delitos de financiamiento electoral —como lo es el caso de Sergio Carmona—, violencia criminal extrema, asesinatos de candidatos y un sinfín de delitos graves, ¿Usted recuerda una acción contundente de nuestra fiscalía?

    Más allá del caso fallido de Lozoya, no hay nada. De nada sirven las denuncias si quien debe ejecutar el mandato judicial lo ignora. Si el combate a la corrupción anunciado por el Presidente desde su campaña fuese real —y la FGR hiciera su trabajo—, hoy tendríamos las cárceles llenas de funcionarios corruptos.¡Viva México! ¿A usted qué le parece?

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  • Dos Bocas, sin dinero y sin logística 

    Dos Bocas, sin dinero y sin logística 

    ¿Qué está pasando en la refinería de Dos Bocas? Bueno, las cosas son muy sencillas, hasta donde se tiene la información, los consorcios están terminando su trabajo y la instalación está en pruebas en casi todos los procesos, casi se podría decir que está a punto de iniciar producción comercial, pero no, la verdad es que no es así.

    Las cosas no están ocurriendo como se esperaba, dicen los contratistas: Ya se acabó el dinero presupuestado para la obra y la SHCP no quiere dar un peso más.

    Segundo, los arranques fueron mucho más lentos de lo esperado y los procesos no tuvieron los resultados positivos pronosticados y, tercero, se encontraron con un problema mayor, no hay salida para el producto.

    Dice una fuente de la refinería. “A Dos Bocas le diseñaron todo, le pusieron cabeza, piernas, brazos, estómago. Tiene todo, pero olvidaron algo: El trasero”. La refinería no tiene por dónde sacar producto: no hay tren, boya o muelle en las instalaciones.

    La herradura de ferrocarril quedó dentro del patio de la terminal de almacenamiento y en su lugar quedó un tanque para producto terminado. No hay boya, hace unos meses pusieron un par, pero llegó un norte y quedaron inútiles. El muelle jamás se construyó.

    Lo que se dice que van a hacer es sacar la gasolina por boya, luego subirla a un barco, llevarla a Tuxpan y descargar en el ducto Tuxpan-México esa es la única manera de introducir al mercado del centro del país, que es donde se requiere y necesita, el combustible.

    Por eso era mejor hacer la refinería en Hidalgo en donde por tren puedes atender la demanda de la zona centro

    Con el plan que les queda, básicamente es duplicar el costo de la logística y un producto petrolífero que podría ser competitivo a nivel internacional ya no lo es.

    Si las sumas y restas son correctas, producir en la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Tabasco va a salir más caro que importar desde Texas la misma cantidad sólo por el costo del transporte.

    Buzos

    1.-Dice Octavio Romero, director de Pemex, que en los últimos cinco años uno de los rasgos que los ha caracterizado es su disciplina financiera para poner orden en sus finanzas, adquirir más equipo y reducir su deuda en un 17.9%, pues pasó de 129 mil 200 millones de dólares al cierre de 2018 a 106 mil 100 millones. Hacerlo era necesario para la contención y disminución de la deuda de la petrolera, un asunto impostergable para lograr su rescate y la viabilidad del proyecto de la autosuficiencia energética. Para lo que resta de esta administración no contratarán nuevos financiamientos y continuarán con el pago de las amortizaciones programadas, por lo que estima cerrar este año con un saldo de deuda de 94 mil 500 millones de dólares. Los actuales directivos dicen que se han hecho bien las cosas al interior de Pemex, pero existe el temor de que la siguiente administración no le den continuidad a su rescate.

    2.- Parece una locura que la SHCP decida que el precio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación para el 2025 sea de 58.4 dólares el barril cuando en el mercado la expectativa es que el año próximo esté en 75-80 dólares el Brent y en el caso del WTI en 85-90 dólares. Según el IMCO, estos nuevos precios implican que los ingresos petroleros caerán 13.5%, en términos reales, al pasar de 1.10 billones de pesos en 2024 a 990.4 mmdp en 2025.

    Por : Luis Carriles 
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    Vía : Sol de México

  • ¿Gobierno empresario?

    ¿Gobierno empresario?

    La demanda que recibió Mexicana de Aviación, -empresa propiedad de Secretaría de la Defensa Nacional-, SEDENA, por 838 millones de dólares debe alertarnos de la incapacidad del gobierno para competir en el ámbito empresarial.

    Esta demanda fue interpuesta por la empresa texana SAT Aero Holdings en un tribunal de Nueva York por incumplimiento del contrato firmado entre ambas empresas para la renta de diez aviones.

    Este gobierno que se cree innovador está repitiendo la misma historia que emprendieron hace más de 50 años gobiernos como los de Luis Echeverría y José López Portillo. Después del fracaso, tuvieron que deshacerse de las empresas en tiempos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

    Las empresas se constituyen para competir en los mercados y generar utilidades. Sin embargo, cuando los gobiernos se convierten en empresarios, entonces habilitan funcionarios públicos que carecen no sólo de la experiencia y conocimientos, sino también de la vocación competitiva imprescindible para el éxito en el ámbito empresarial.

    Mexicana de Aviación hoy compite contra otras aerolíneas de gran experiencia, -poseedoras de una marca reconocida y trayectoria confiable para los pasajeros-, tanto nacionales como extranjeros.

    El principal riesgo de las empresas administradas por el estado, -en cualquier parte del mundo-, es que terminan pretendiendo, -como prioridad-, cumplir objetivos sociales y subordinando a ellos las reglas competitivas que deben prevalecer en el contexto empresarial.

    El resultado siempre es el desaseo administrativo, que las lleva a ser deficitarias, con costos por encima de los ingresos, políticas comerciales de bajo impacto y a convertirse en una carga económica para las finanzas del estado.

    Cuando una empresa propiedad de inversionistas privados fracasa, termina cerrando operaciones y sus directivos acaban afrontando las consecuencias de su ineficiencia, así como de sus decisiones equivocadas. Son precedidos por el descrédito profesional a partir de su fracaso.

    En el ámbito gubernamental es totalmente diferente. Los errores se disfrazan y se ocultan en una vasta red de complicidades. Mientras la eficiencia y la eficacia se privilegian en la iniciativa privada, -para alcanzar resultados óptimos-, las empresas gubernamentales se movilizan a partir de objetivos políticos y por ello los altos cargos se entregan como botín, -o para quedar bien con alguien-, a sujetos que no cubren con el perfil del cargo y por ello estas organizaciones dejan de ser productivas.

    El resultado generalmente termina siendo que las empresas se vuelven deficitarias y empiezan a ser subsidiadas con dinero público, que se distrae de servicios prioritarios. Esos subsidios son capital que debiese ser invertido en servicios públicos en beneficio de la comunidad, pero termina blindando caprichos presidenciales.

    De este modo Segalmex desapareció 15 mil millones de pesos sin ninguna consecuencia, -dinero que seguramente hoy está siendo utilizado para esta campaña electoral-, mientras el faltante contable debe haber sido cubierto con dinero público, igual que está sucediendo con la construcción de la refinería de Dos Bocas, que se ha convertido en un barril sin fondo, lo mismo que PEMEX.

    En pocos años más estas grandes obras, como el Tren Maya, los aeropuertos que están en manos de militares, así como hoteles que también les fueron obsequiados, -además de la aerolínea Mexicana de Aviación y el Banco del Bienestar, entre otras empresas gubernamentales-, terminarán siendo refaccionadas con dinero público mientras gobierne la 4T, con un gran costo económico para las finanzas del país, como hoy sucede con PEMEX.

    Este lastre para el futuro de México será el legado de este gobierno.

    ¿Reducción de la violencia en Guerrero?

    Con bombo y platillo se dio a conocer que a partir de la negociación entre Tlacos y Ardillos disminuyó la violencia en Chilpancingo, Guerrero, en 23%.

    De buena fe participaron sacerdotes como facilitadores, pretendiendo reducir la violencia que sufre la sociedad guerrerense.

    Sin embargo, lo que ha sucedido seguramente ha sido la reducción de las agresiones entre los grupos delincuenciales en pugna para controlar el territorio. Dejaron de agredirse entre ellos y de este modo disminuyeron los asesinatos. Evidentemente tanto el gobierno del Estado de Guerrero como el gobierno federal han festejado esta cifra como un gran logro.

    Lo que debemos preguntarnos es… ¿En que ha beneficiado este acuerdo a la sociedad, si no ha disminuido ni la extorsión, ni el cobro de piso, ni el secuestro?

    No son los organismos de la sociedad civil, -como los sacerdotes participantes-, quienes deben buscar soluciones de buena fe para disminuir la violencia, sino el gobierno federal quien debe proteger a la población.

    No es lo mismo aunque nos lo quieran hacer creer que sí.

    Arturo Zaldívar

    Mal se vió el ministro en retiro Arturo Zaldívar descalificando a la ex senadora y ex diputada Adriana Dávila en el programa que conducen Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, en Telefórmula. Ella cuestionó la responsabilidad del gobierno federal en el combate al crimen organizado. Zaldívar la tachó de ignorante y de ser seguramente legisladora del PAN.

    Señor ministro… independientemente de la responsabilidad jurídica del gobierno federal, ¿Quién tiene la capacidad de respuesta para enfrentar al crimen organizado? … ¿Los gobiernos estatales y municipales? … ¿O el gobierno federal?

    ¿A usted qué le parece?

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  • ¿Voto libre y secreto?

    ¿Voto libre y secreto?

    El voto libre y secreto es el corazón de nuestra democracia porque garantiza el respeto a la voluntad ciudadana.

    El voto libre y secreto está garantizado por nuestra Constitución. Sin embargo, en estas próximas elecciones del 02 de junio el voto libre y secreto está en grave peligro, porque hay indicios que nos alertan de que el voto podría llegar a estar coaccionado por dos sectores: el crimen organizado y el partido en el poder, cuyo gobierno, -ejerciendo el inmenso presupuesto del que hoy dispone para programas de “bienestar social”-, podría amedrentar a los beneficiarios de la seguridad social, para obtener el voto a su favor.

    Cuando se instituyó el “voto libre y secreto” no existían los teléfonos celulares, -y menos aún-, que estos dispositivos tuviesen integrada una cámara fotográfica. En contraste, hoy la extorsión para dirigir el voto hacia un partido o candidato, se hace exigiendo a la víctima que después de llenar la boleta tome una foto de la papeleta que dejó en la urna y la envíe a un WhatsApp predeterminado, para comprobar que se siguieron las instrucciones. Por esto es urgente que, -para salvaguardar el derecho constitucional al voto libre y secreto-, la #SCJN atraiga este planteamiento y se instruya al #INE para que exija al #PoderEjecutivo la instrumentación de un operativo realizado por la fuerza pública, para que se recojan celulares mientras el votante está frente a la urna y exista un castigo ejemplar, -no administrativo-, para quienes infrinjan esta disposición, pues cuando el voto cae en la urna, ya es difícil identificarlo.

    La instrumentación de un operativo de este tipo en las casillas no podría delegarse en las autoridades electorales ni en ninguna autoridad civil, pues estas carecerán de la fortaleza para imponerse ante quienes se nieguen violentamente a acatar esta disposición.

    La extorsión criminal operada a través del dispositivo móvil puede comprometer nuestra democracia y llevarnos hacia rumbos insospechados, donde ya no habrá regreso nunca más, pues este modelo de extorsión se convertiría en el ejercicio cotidiano en las elecciones futuras.

    ¿A usted qué le parece?

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  • El fracaso de la Sener en Gas Natural

    El fracaso de la Sener en Gas Natural

    La Auditoría Superior de la Federación es muy clara en el análisis que hace del Centro Nacional de Control de Gas (Cenagas) del gobierno federal: se debe solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de las irregularidades detectadas.

    Hay seis recomendaciones que se hicieron al desempeño del Cenagas por parte del grupo auditor de la cuenta pública de 2022 en las que encontraron limitantes para la efectiva operación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, básicamente los ductos que se mueven en todo el país, conocido como SISTRANGAS, a cargo del Cenagas.

    Hay errores en la planeación, establecida por la Secretaría de Energía que no ajustó a las necesidades de demanda de corto plazo de gas natural y de mercado establecidas en la normativa vigente, y las intervenciones de la CRE, para regular el sector no fueron oportunas, lo que representó un riesgo para garantizar la continuidad y seguridad en el suministro del hidrocarburo y, con ello, contribuir a atender la demanda de gas natural en el territorio nacional.

    Lo que quiere decir la ASF es que se operó por debajo del límite de seguridad por instrucciones de la Sener. Cenagas, mediante la gestión del SISTRANGAS, atendió el 55.4% (4,618.0 MMpcd) de la demanda nacional (8,340.0 MMpcd), mientras que el 44.6% (3,722 MMpcd) restante estuvo a cargo de otros sistemas no integrados al SISTRANGAS, entre los que destacan los gasoductos a cargo de la CFE.

    Otro problema fue que la Sener emitió su Estrategia de Garantía de Suministro para la Optimización de la Capacidad en el SISTRANGAS que no fue congruente con la política energética vigente y cuatro años después sigue sin programar la licitación de proyectos para contar con inventarios estratégicos y operativos de almacenamiento de gas natural.

    Cenagas tiene 37 distintos proyectos, pero ninguno se concretó en infraestructura nueva relacionada con gasoductos que se integrarán al sistema; de hecho, en el periodo 2018-2022, la contribución del SISTRANGAS en la atención de la demanda nacional se redujo 6.1 puntos porcentuales y proyectos como el Programa para la Implementación de la Medición Operativa en Tiempo Real se cumplió apenas en 66.7%.

    La ASF recomienda: perfeccionar indicadores, cumplir con el programa regulatorio de la CRE; proponer en la cuarta revisión del Plan Quinquenal de Expansión 2020-2024 del SISTRANGAS, los proyectos de almacenamiento estratégico y operativo que permitan avanzar en el cumplimiento de objetivos de la Política Pública de Almacenamiento de Gas Natural; formalizar con las áreas responsables del CENAGAS y ante la CRE la actualización del programa de medición operativa para el periodo 2024-2025, y establecer una metodología de empaque sistémico del SISTRANGAS que le permita mantener rangos operativos acorde con la infraestructura y operación del sistema.

    Buzos

    1.- En la ceremonia del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, el sindicato le aplaudió al director Octavio Romero porque basificó a 25 mil 411 trabajadores, otorgó 77 mil ascensos y hasta el presidente le aventó una flor cuando lo calificó como un “excepcional director de PEMEX”. La realidad es que a Romero le tocó la rifa del tigre y con detener la declinación en la producción, mantener las reservas y reducir la deuda en 18%, claro, con ayuda del gobierno, está del otro lado ¿Lo veremos en el Senado o repetirá en la petrolera?

    Por : Luis Carriles 
    Twitter : @luiscarrujos
    Vía : El Listo Sol de México