De entrada alguien le debería de informar que hace 20 años se acabó el negocio del petróleo barato en México. Los técnicos ya le buscaron por todas partes y no hay nada parecido a ello.
¿Sigue siendo negocio? Sin duda. El costo de un barril de petróleo en México, sólo por producción y logística es de unos 15 a 20 dólares, porque una cosa es la extracción y otra el desarrollo del proyecto y ese costo se divide en cada barril que se extrae y eso se lo deberían haber dicho al presidente.
El presidente también dice que Pemex produce 1 millón 885 mil barriles de petróleo. No es cierto. De ese monto 100 mil barriles son producción de petróleo de los privados y 250 mil son producción de condensados, con esos números, derivados de sus reportes, la producción es de 1.5 millones de barriles diarios y baja porque se sigue contabilizando agua por petróleo. El nivel real de producción es de 1.45 millones de barriles, el más bajo desde hace más de 25 años.
Lo que debería ser sospechoso es por qué el presidente que es tan nacionalista, tan defensor del petróleo mexicano, tan promotor de la autosuficiencia energética renuncia abiertamente a los hidrocarburos del futuro que podrían estar en un yacimiento transfronterizo con Estados Unidos.
El presidente ni sabe que existe siquiera el acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que entró en vigor el 18 de julio de 2014.
Para dolor presidencial, el peor año de la administración de EPN fue con una producción de 1.66 millones de barriles, es decir, fue 12% más que después del rescate.
Lo curioso es que de nuevo miden la producción petrolera con los condensados y, desde la perspectiva presidencial, en 2018, el año de EPN, la producción petrolera fue de 1.823 millones de barriles diarios.
Cómo sea, pierden.
El presidente dice que “en la época neoliberal, neoporfirista, de corrupción ¿dónde creen que invertían más?, en el norte, pero en petróleo. Si el petróleo está en el sur-sureste en tierra, en aguas someras ¿por qué la inversión en el norte y en aguas profundas?”. Tal vez no sabe dónde está Texas y Louisiana, dos grandes productores de hidrocarburos.
Sin ningún estudio, estadística o data, el presidente intenta imponer su visión de campos de producción en tierra y hace a un lado que el potencial de las aguas profundas del Golfo de México es de unos 29 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que representa 56 % del recurso total del país. Ese es el punto, por eso las inversiones buscaban esos espacios.
Hay un detalle que molesta ¿por qué en tierra? En el mar todo mundo sabe dónde está la plataforma. Pero tierra adentro, en Chiapas, Tabasco o Campeche no hay manera de saberlo.
Buzos
1.- Otra cosa, la refinería de Dos Bocas y el Sistema Nacional de Refinación no son lo mismo, la primera es responsabilidad de Rocío Nahle, titular de la Sener, y no hay manera de que ella saque un barril de gasolina en julio. La segunda es que el plan de mejoras continuas en la refinería se mantiene como lo propusieron, pero a pesar de las mejoras la capacidad de procesamiento no es milagrosa, se seguirán importando hasta unos 500 mil barriles diarios, podría venir de Deer Park en Texas, de la nueva refinería de Pemex.
-Yo creo que pronto se va Chevron del país, ya se va Total, y ellos lo harán cuando se den cuenta de que su marca y sus estaciones están en manos de los malos, de los huachicoleros, dice el empresario gasolinero.
-¿Se van en serio?
-Seguro, va a ser cosa de que se den cuenta de que los están usando para el huachicol y tan tan.
No va a ser tan fácil, hay muchos elementos a considerar, pero el mercado mexicano tiene uno de los retos más grandes derivados de la apertura lograda hace seis años: el crecimiento de un mercado negro que importa grandes cantidades de gasolinas de Estados Unidos, las hacen pasar como aceites o aditivos, se adentran a México con un pago mínimo de impuestos y compiten con el resto de las marcas que tienen que pagar no solo la totalidad de los impuestos sino además un precio que no tiene razón de ser y que es demasiado alto.
-México es el único país del mundo en el que los precios de los combustibles como la gasolina y el diesel no han bajado, bajó un poco el Gas LP, pero en los petrolíferos no. Y es que hay casos muy extraños con el precio, casi inexplicables.
En los tramos de la carretera México-Querétaro, nos dice, hay zonas en donde la gasolina cuesta 18 o 19 pesos el litro y en otras estaciones de servicio el mismo combustible alcanza los 22 a 23 pesos.
-¿Cómo explicas estos precios, estas diferencias, si se supone son los mismos proveedores, si son las mismas marcas, si son el mismo producto y en algunos casos hasta la misma bandera comercial?
El empresario hace una reflexión importante que, dice, es producto de varias conversaciones con sus pares. El llamado subsidio gasolinero no es un subsidio propiamente, no se le da dinero a los usuarios para que compren el producto.
Lo que si se hace es reducir la cantidad de impuesto que se paga, el IEPS, un mecanismo diseñado por gobierno anteriores en donde el precio era controlado, pero si se tienen precios altos del combustible, hasta en un 40%, frente al precio de referencia el impuesto no tiene razón de ser, de hecho, no es un beneficio para los consumidores sino pura ganancia para el gobierno.
-No nos venden gasolina o diésel más baratos, no nos cambian las condiciones de los créditos y hay mucha presión para que las banderas sean compartidas con Pemex.
Las importaciones de combustibles con precios diferenciados se han vuelto un negocio común en la frontera norte, los empresarios dicen que las instrucciones de dejarlos pasar y que las autoridades aduanales se hagan de la vista gorda viene de muy arriba, muy lejos de Pemex y más cerca de Palacio Nacional, varios gasolineros, nos cuentan en confidencia, se han visto forzados a vender sus estaciones de servicio o apoyar este tipo de prácticas comerciales, el problema es que con el tiempo se han vuelto más duras las mordidas.
Algunas gestiones comerciales, por ejemplo, con la CRE para conseguir permisos, aperturas, importaciones y temas comerciales o de infraestructura tienen un costo que puede ser de hasta un 30%, se han tenido que hacer alianzas y asociaciones sordas y ciegas con tal de seguir operando.
A toda está dinámica de huachicol fiscal, de huachicol de cuello blanco, se le debe de sumar la ofensiva formal que hay en contra de las empresas para impedir su sana operación porque se busca favorecer a la empresa productiva del Estado: Pemex, recuperar el mercado perdido con la apertura.
Es evidente que el presidente López Obrador es un hombre desconfiado. Seguramente a través de su larga carrera política ha sido testigo de dolorosas traiciones, engaños y deslealtades. El camino del poder generalmente transita por tierras fangosas e inseguras.
Con toda seguridad, -pretendiendo protegerse-, ha optado desde que asumió la presidencia, por gobernar rodeado de gente leal, aunque no tenga experiencia, e incluso ni siquiera el perfil profesional mínimo.
Como consecuencia está pagando el costo de encabezar un gobierno ineficiente e incapaz para dar resultados. La improvisación de funcionarios ha sido alarmante, dejando ir a gente muy profesional, experimentada y eficiente, para sustituirla con gente improvisada pero leal a su persona.
De este modo vemos que sus opciones para cargos importantes son gente cercana a él desde hace tiempo, recomendados y hasta familiares de sus colaboradores cercanos y amigos, como fue la propuesta de integrar a la Junta de Gobierno de Banxico a Omar Mejía Castelazo, quien no cubre el perfil para un cargo tan importante, -y menos aún-, comparado con la currícula profesional de Gerardo Esquivel, quien acaba de dejar el cargo de subgobernador de El Banco de México y a quien Mejía Castelazo sustituiría. La curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios ha sido muy cara para el país.
Esta cadena de lealtades también ha propiciado una cadena de complicidades, de la cual aún no vemos su impacto final.
Sin embargo, para justificar la ineficiencia de esta nueva generación de funcionarios improvisados, -sin más mérito para ocupar altos cargos que la lealtad incondicional-, el presidente ha creado una narrativa de desprestigio para los que estaban antes, en la cual la corrupción es el tema más recurrente.
Si este gobierno fuese una gran empresa, ya se hubieran visibilizado los resultados operativos negativos, evidenciados por la presión de la competencia. Sin embargo, el gobierno opera como si fuese un monopolio y por tanto, tarda en visibilizarse el daño patrimonial resultante de la inexperiencia, de la falta de conocimientos y de la improvisación de muchos de los actuales funcionarios de alto nivel jerárquico.
No es lo mismo la política, que la administración pública. En la política el sentido común es suficiente, pero no en las acciones de gobierno, donde se requieren conocimientos altamente especializados y experiencia.
Otra hubiese sido la historia si el presidente se hubiera rodeado de los mejores funcionarios de este país y les hubiese puesto controles para garantizar la confianza. Si hubiese tenido como objetivo la eficiencia, su gestión hoy tendría el reconocimiento que le es tan importante.
Sólo basta rascar un poco en los perfiles de los funcionarios que ocupan cargos importantes para descubrir la vinculación con él.
Con esta estructura, -formada a partir de la desconfianza-, este gobierno ha quedado atrapado en una red de lealtades y complicidades.
La gente abusa cuando tiene la oportunidad de sacar beneficio personal y además, sabe que cuenta con la protección del poderoso, lo cual genera corrupción e impunidad.
La desconfianza no solo ha generado ineficiencia gubernamental, -sino que, además-, un entorno de conflicto que ha enrarecido el ánimo nacional.
La desconfianza que caracteriza a nuestro presidente ha sido una camisa de fuerza que le ha limitado, privándole de la oportunidad de tener a su disposición a muchos mexicanos preparados y experimentados que podrían haberle aportado su talento para ayudarle a construir ese gran proyecto de nación que prometió.
Si él no logró consolidar ese gran proyecto de país mientras tuvo el poder, menos lo hará su sucesor, aunque él haya logrado imponerlo de entre sus colaboradores.
LA PÉRDIDA DE CONFIANZA
Ya son muchas las organizaciones civiles y otras de tipo profesional que se han manifestado frente a la situación de la ministra Yasmín Esquivel Mossa como parte de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que está en juego no debiese ser la legalidad jurídica de la decisión final respecto a que le quiten o nó el título universitario, -a partir del último veredicto de la UNAM-, que confirmó la existencia de plagio en un 90%.
Su posición ya es insostenible y por tanto, ella debiese renunciar por propia iniciativa, ofreciendo una disculpa pública a sus compañeros y a toda la SCJN, así como también a toda la sociedad mexicana.
Sea cual fuere el resultado final, el caso de la ministra Esquivel seguramente sentará un precedente de gran significación que impactará la imagen de la justicia en México.
UBER EN CANCUN
La amenaza de los taxistas en la Riviera Maya frente a la entrada de Uber y los servicios contratados a través de una aplicación digital, lo que evidencia es la existencia de monopolios que impiden la libre competencia.
¿Por qué la COFECE, -entidad responsable de garantizar la competencia económica-, no se ha manifestado al respecto?
La prioridad debiese ser el derecho del ciudadano a tener el máximo de opciones para tomar su decisión personal respecto a la contratación de un servicio público.
En la Secretaría de Economía, más que en la de Relaciones Exteriores, están absolutamente conscientes de que México va a terminar enfrentando a Estados Unidos y Canadá en un panel energético por las violaciones hechas al T-MEC desde México al favorecer a la CFE y a Pemex.
Los números que se manejan en el gobierno plantean que perder el panel energético promovido por nuestros socios comerciales implica pagar sanciones que podrían alcanzar los 40 mil millones de dólares.
La SRE cree que puede evitar entrar a la controversia comercial con una negociación de alto nivel en donde estaría involucrado el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Nos dicen que en la SRE creen que se pueden aprovechar de la buena relación que hay entre las tres naciones para resolver las controversias antes de llegar a los paneles y se tiene a un equipo analizando las opciones existentes.
Oficialmente en la agenda de la reunión bilateral entre AMLO y Joe Biden se trabajó en los temas de migración, seguridad, cambio climático, integración y desarrollo, pero no se habló de los temas de energía, ni siquiera en la charla privada hecha en el trayecto del AIFA y la CDMX. Estados Unidos no quiere tratar el tema abiertamente, lo que se dice en la industria es que ellos prefieren ir a los paneles para tener amarrado y sin lugar a dudas lo firmado en el T-MEC.
La agenda con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es similar, pero la diferencia radica en el enfoque. A las empresas canadienses les importa, y mucho, el respeto al estado de derecho y a las inversiones, en ese sentido, la perspectiva tiene que ver con cumplir los acuerdos firmados.
Las conversaciones que se han hecho hasta ahora no han dado resultado alguno para ninguna de las partes, México quiere mantener los monopolios legales de Pemex y la CFE mientras que el reclamo de los inversionistas extranjeros tiene que ver, al final del día, con acceso a los mercados, seguridad en las inversiones y piso parejo en la regulación.
La SRE quiere patear el bote lo más lejos posible y la SE pues espera que algún milagro ocurra.
Buzos
Lo crean o no, Pemex va a desarrollar nueva infraestructura para evitar el declive en la región marina noreste. El plan es enfrentar la declinación de los campos maduros y más en esa región que produce, más o menos, el 45% de todo el aceite del país y ahí están los campos maduros más grandes y, en consecuencia, los que declinan más. En este sentido, la empresa trabaja en la instalación de un tercer termocompresor, que estará listo en abril, para inyectar nitrógeno en los campos Maloob y Zaap, los dos principales campos que tiene la petrolera, con el fin de evitar la declinación en estos yacimientos. La petrolera mexicana además de los trabajos que está realizando para revertir la caída en la producción, también intensificó la actividad de mantenimiento de pozos, así como el desarrollo de nuevos campos y con ello lograr sus objetivos sexenales de producción. De esto se los iremos contando conforme se tengan más datos.
2.-El IMCO pugan por desarrollar un sector energético que detone la competitividad del país y aspirar a garantizar un suministro con tres características: confiable con bajas emisiones y a precios competitivos.
Seguramente el presidente López Obrador no dimensionó el alcance y profundidad de su declaración respecto a la lealtad de los pobres.
Espontáneamente, el miércoles pasado el presidente definió durante la conferencia mañanera que “ayudar a los pobres es ir a la segura, pues cuando se necesite defender a la transformación, se contará con el apoyo de ellos”. Y para que no quede duda, concluyó: “Es una estrategia política”.
Esta última declaración en boca del mismo presidente echa por tierra la visión humanista y generosa que nos quiere proyectar de su gobierno.
Esta declaración transmite importantes significados para entender la realidad cotidiana de nuestro país, pues define claramente los verdaderos objetivos de los programas de asistencia social, que para este gobierno son prioritarios.
Es evidente que detrás de esta estrategia política, -reconocida por el presidente-, está el objetivo de generar agradecimiento que se traduzca en dependencia, que a su vez pueda capitalizarse en votos.
Tenemos que reconocer que esta perversa visión de la seguridad social tiene más de cincuenta años, desde el gobierno del presidente Echeverría. Fue desarrollada después por los gobiernos priístas que le sucedieron, así como por los panistas Fox y Calderón que mantuvieron esta política, hasta llegar a Peña Nieto.
Esta ha sido la estrategia política del Estado Mexicano para mantener a los pobres como una reserva electoral a favor del gobierno en turno.
Por ello, -durante el priísmo del siglo XX-, cuando se pretendía proteger a un posible candidato presidencial se le mandaba a encabezar la SEDESOL, -como hizo el presidente Salinas con Luís Donaldo Colosio-, quien después de esta encomienda se convirtió en el candidato presidencial del PRI.
Sin embargo, lo que establece la gran diferencia entre el modelo anterior, -neoliberal-, y el de la 4T, es precisamente el cómo se instrumenta la política asistencialista de los programas sociales.
Los gobiernos anteriores realizaban las acciones asistencialistas de modo institucional y crearon toda una infraestructura organizacional para hacer eficiente la entrega de la ayuda gubernamental.
En contraste, la gran diferencia entre ambos modelos de gobierno es que, -bajo el argumento de combatir la corrupción-, el presidente López Obrador decidió desaparecer los programas institucionales y eliminar el modelo organizacional de entrega, a fin de hacer llegar el dinero directamente a los beneficiarios, sin intermediación y de modo individualizado.
De este modo desaparecieron las ayudas para las estancias infantiles y para las guarderías, para entonces entregar el dinero directamente a los papás, para que ellos cuiden a sus propios niños.
De esta forma el dinero recibido parece ser atribuido directamente al presidente… y el agradecimiento también.
La personalización de la ayuda asistencialista adquiere entonces un enfoque paternalista, que se vincula con la imagen de un caudillo que gobierna, todopoderoso y justiciero, que paga y premia la lealtad, pero también castiga la traición.
Esta visión política de la asistencia social también nos remite al modo en que desde el gobierno se trata el tema de la pobreza.
Si bien durante el neoliberalismo el gobierno en turno sacaba beneficio de los programas sociales, lo hacía de modo indirecto e institucional.
Por ello vemos que los gobiernos neoliberales estimularon la creación y operación de programas generadores de oportunidades laborales, así como el apoyo al microempresario. El desarrollo de competencias laborales a través de la capacitación fue fundamental.
En contraste, entendemos hoy, – con la declaración del presidente del pasado miércoles-, que la idealización de la pobreza y su dignificación como un estado social deseable, lo único que pretende es mantener los niveles de pobreza para generar control social y político en el mayor número posible de población, a partir de asegurarles la sobrevivencia pero generando dependencia total del ciudadano respecto de las ayudas sociales, y con ello, tener garantizado el control del voto en las elecciones.
Es importante definir que el verdadero uso de los programas asistenciales, -desde una visión ética-, debiese ser temporal, excepto para quienes ya están incapacitados para participar en el mercado laboral, ya sea por la edad, -o por la salud-, como sucede en casi todo el mundo desarrollado.
El objetivo real de los programas sociales debiese orientarse, -para el sector de población que tiene potencial productivo-, hacia a la formación y desarrollo de habilidades, a fin de impulsarles a lograr su crecimiento personal y de calidad de vida.
A su vez, el gobierno debe convertirse en el promotor de oportunidades laborales que permitan a corto y mediano plazo, -a cada ciudadano-, alcanzar la autosuficiencia económica para así, ayudar a sus familias a transitar de la pobreza hacia la clase media.
Anunciar que en este año que inicia se anticipará la entrega de las ayudas sociales para no interferir en los procesos electorales parece ser un distractor.
Podríamos concluir que el objetivo de la 4T es mantener a quienes hoy están en la pobreza, en su zona de confort, para así ejercer control a partir de sus necesidades básicas de sobrevivencia.
Por ello es evidente la animadversión manifiesta del presidente hacia la clase media, que por ser autosuficiente es exigente respecto a los resultados que se deben esperar de la administración pública.
Ahora ya entendimos que un México de pobres es el objetivo de la 4T, para mantenerse indefinidamente en el poder.
LA INFANCIA ROBADA
El video que circula en redes sociales, donde aparecen unos niños que con armas de juguete montaron un retén en una carretera y detienen a los automovilistas, en lugar de interpretarlo con simpatía infantil nos debiese llenar de gran preocupación, pues nos describe como está permeando la narcocultura en la niñez.
¿En cuanto tiempo más el crimen organizado los cooptará y les entregará armas de verdad para que se conviertan en sicarios y burlen la ley aprovechando los beneficios jurídicos de su edad?
Uno de los compromisos más fuertes del presidente López Obrador en sus aventuras electorales es con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el famoso SME, sin embargo, a pesar de todos los recursos que aportó la organización -dinero, campañas, material, votos en la CDMX. Edomex, Puebla e Hidalgo- fue hecho a un lado apenas inició la actual administración y eso causó la molestia de unos de sus dirigentes históricos Rosendo Flores.
Hoy, abiertamente, el gobierno va a aportar unos 32 millones de pesos, a fondo perdido, para en asociación con el SME poner de entrada cinco o seis estaciones de servicio para la venta de combustibles en el Edomex y en la CDMX en terrenos que tiene el sindicato, que retuvo después de la requisa.
Cada gasolinera cuesta, en números cerrados, 1 millón de dólares, 20 millones de pesos pues, y los 32 que van a salir del gobierno de la CDMX, vía la Secretaría del Trabajo, para las cooperativas de las Gasolineras del Bienestar no alcanza más que para una o dos, cuando mucho y la pregunta es ¿de dónde va a salir el resto?
Los operadores del proyecto son el líder formal del SME, Martín Esparza; y del otro lado el titular del Trabajo de la CDMX, José Luis Rodríguez, el más político del gabinete capitalino. En realidad parece más el saldar cuentas entre los liderazgos históricos de Rosendo Flores y el presidente, que eran amigos cuando el segundo era oposición y en cuanto se hizo gobierno desapareció lo que generó que en más de una ocasión el líder electricista manifestara públicamente su desacuerdo con el abandono.
Esparza mantiene al SME en una movilización permanente, desaparecida su fuente de trabajo que era Luz y Fuerza del Centro, el SME se queda vivo como sindicato y todos los trabajadores que se mantuvieron en la lucha buscan colocarse en ya sea en las cooperativas eléctricas o en las nuevas estaciones de servicio multimodal.
El SME tendrá que funcionar como una S.A. no tiene otra opción y no se sabe si en esa calidad podrá poner en la mesa la llegada de un socio privado que aporte recursos económicos para poner en marcha este plan de las Gasolineras del Bienestar con precios bajos de los combustibles.
Una segunda fase es una apuesta a que se pase de ser una gasolinera a una estación multimodal en donde además se pueda vender Gas LP, y de nuevo, se requiere dinero que el SME puede conseguir por medio de todas las rentas que recibe de los negocios hechos con los deportivos y terrenos que tiene.
Por cierto, Esparza es líder electricista desde el 2005 y su última reelección fue en el 2019, a como van las cosas va a llegar a tener 20 años como líder del SME, algo que nunca había ocurrido.
Buzos
1.-Con toda la mira puesta en la sostenibilidad, iniciarán el 2023 en Pemex, que encabeza Octavio Romero, pues la reunión del Consejo de Administración aprobó dar luz verde a una nueva etapa para la 4T, una comprometida con el ambiente, la responsabilidad social y el gobierno corporativo. Le cuento a detalle que en el nuevo Plan de Negocios 2023-2027 se destaca un enfoque de sostenibilidad, estableciendo metas en el mediano y largo plazo. Además, marca el inicio de la integración de un Plan de Sostenibilidad 2023-2050, el cual establecerá las estrategias, acciones y métricas para atender los ejes relacionados con el ambiente. Todo ello coordinado y supervisado por un Comité de Sostenibilidad. Sin duda, el futuro alcanzará a la actual administración, que se resistió al cambio por muchos años y es hora de poner manos a la obra para contrarrestar el cambio climático.
El reto más importante que tiene la ministra Yasmín Esquivel Mossa para resolver satisfactoriamente el tema del plagio de su tesis de licenciatura, -no sólo está en ganar el juicio presentado ante las instituciones judiciales y además ser exonerada por la UNAM-, sino, también, convencer a toda la ciudadanía de que la razón y la justicia, -a secas-, están de su lado.
Una exigencia fundamental para quienes forman parte de la SCJN debe ser proyectar esa autoridad moral que se deriva de una trayectoria pública éticamente incuestionable, -en los hechos-, pero también en las percepciones públicas.
Si la ministra ganase el juicio contra su plagiario, -y las autoridades de la UNAM le otorgasen la razón desde el punto de vista académico-, pero en contraste no lograse vencer las suspicacias públicas de que para lograrlo ella se aprovechó de su posición relevante en la SCJN, entonces provocará una crisis de credibilidad para todo el sistema judicial del país, -y por supuesto-, para la SCJN, institución emblemática de este poder, uno de los tres Poderes de la Unión.
La credibilidad de las instituciones depende de la credibilidad de quienes las encabezan. Vivimos la era de las percepciones y todo lo que se ha hecho para exonerar a la ministra desde las “mañaneras”, sólo ha acrecentado las suspicacias y la desconfianza respecto a un juicio justo, incluso, aunque el supuesto plagiario al final reconociera su falta.
La pregunta espontánea que surge es: si el ministro cuestionado por un posible plagio de tesis fuese otro de los candidatos a la presidencia de la SCJN y no la ministra Esquivel… ¿el presidente López Obrador le hubiera dedicado tiempo de sus mañaneras para pedir a la UNAM un dictamen “fast track”, en tiempos de asueto?
Ella está en todo su derecho de defender la originalidad de su texto, si está convencida de que así es. Sin embargo, hay un detalle… lo está haciendo blindada desde uno de los cargos de mayor poder dentro del sistema judicial del país y arropada por un poderoso amigo de la familia Riobóo Esquivel.
Del otro lado, -como contraparte-, hay ciudadanos que enfrentarán en posición vulnerable a la maquinaria del poder judicial y a la presidencia de la república, -en un contexto de gran expectación pública-, pues los intereses en juego son de altísimo nivel: la presidencia de la SCJN.
Este tipo de plagio, -además de las implicaciones judiciales-, tiene las académicas, que, -en este caso concreto-, son demoledoras.
Recordemos que, en la época de la realización de este texto académico, no existía el Internet y las computadoras eran muy básicas, por lo que todos trabajábamos nuestros textos en máquinas de escribir eléctricas. Ni siquiera existían las memorias USB para compartir nuestros escritos. Por tanto, realizar un plagio era una decisión contundente.
El manejo de las fechas para poder establecer cuál es la obra primigenia y cual la réplica, es complejo y puede requerir una investigación profunda, donde el hilo conductor podría ser la directora de la tesis, la profesora Rodríguez, -quien asesoró no sólo la de la ministra Esquivel-, sino también la de quien en ese entonces era el pasante en derecho Edgar Báez, el otro implicado en este juicio de plagio.
Edgar Báez ya empezó a resentir el desgaste de su reputación a partir de la difusión en redes sociales de información moralmente cuestionable sobre su conducta personal. Hasta parece una campaña planificada para doblegarlo y obligarlo a inculparse.
¿Este será un juicio equitativo? ¿Quién se atreverá a defender a Edgar Báez en este caso específico?
Por otra parte, en el comunicado de la ministra ya se habla de discriminación de género en contra de sus aspiraciones a presidir la SCJN. Esta es otra batalla muy diferente, que nada tiene que ver con el tema de la obra plagiada. Denunciar una posible discriminación de género representa la estrategia de la victimización emocional.
En fin, este es un caso complejo y relevante que pondrá a prueba la independencia de nuestras instituciones. Por tanto, no debe resolverse con base a especulaciones públicas, sino con certeza y teniendo como fin fundamental impartir justicia sustentada en la ética.
Los ministros que votarán para elegir presidente de la SCJN deben reflexionar su voto, considerando el impacto de este caso específico en la sociedad.
Está en juego la percepción de independencia de la SCJN, así como la credibilidad de la institución desde los ámbitos ético y moral y la confianza ciudadana en todo el sistema de impartición de justicia.
El impacto público de este caso de plagio rebasa con mucho el ámbito académico e incluso, el judicial, pues la simple exhibición de este caso donde está involucrado un ministro del máximo tribunal constitucional del país, presupone el riesgo de afectación a la endeble confianza que el mexicano hoy dispensa a nuestro estado de derecho.
El nuevo escándalo de plagio no tiene precedentes, -pues de comprobarse-, pone en entredicho la autoridad moral de la ministra de laSCJN, Yasmín Esquivel Mossa, para cumplir con sus atribuciones y responsabilidades como garante de la constitucionalidad en nuestro país.
La noticia detonada por el intelectual y académico Guillermo Sheridan puso al descubierto un muy probable caso de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la SCJN, con la que ella se tituló como abogada en 1987, texto que parece ser copia fiel de la tesis presentada un año antes por Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho de la UNAM , así como por otros dos alumnos más, que presumiblemente con el mismo texto se titularon posteriormente.
Debe ser la UNAM quien ofrezca el veredicto definitivo, aunque los documentos exhibidos públicamente, -tanto el de la ministra como el del abogado Báez-, parecen ser idénticos.
Este caso en particular tiene varios aspectos relevantes que considerar.
Primeramente, que la ministra es una de las candidatas para suceder en la presidencia de la SCJN al ministro Zaldívar, con altas posibilidades de lograrlo con base en el apoyo que ella tiene del presidente López Obrador.
A su vez, esto se complica aún más porque ambas tesis fueron dirigidas por la misma académica, Martha Rodríguez Ortiz, con diferencia de un año entre una y otra y presumiblemente se menciona que podría haber otras tres tesis idénticas, lo cual podría constituir, -según Sheridan-, un caso de corrupción, que involucra a la académica que dirigió ambos trabajos.
Otro aspecto importante es que existe el antecedente de que cuando se cuestionó el plagio parcial de la tesis de licenciatura del presidente Peña Nieto, varios destacados líderes de la Cuarta Transformación, -entre ellos la senadora y hoy secretaria general de MORENA, Citlali Hernández-, lanzaron fuertes críticas, como la expresada el 24 de agosto de 2016 por Citlali, secundada por varios destacados morenistas, entre ellos Antonio Attolini y José Merino.
Sin embargo, todos ellos se han tomado su tiempo y hasta el momento de redactarse este artículo de opinión, se mantienen aún sin manifestarse en este caso que atañe directamente a la hasta hoy ministra de la SCJN.
Esto a su vez, terminó siendo aderezado por el presidente López Obrador en su mañanera del viernes 23 de diciembre, al declarar que la definición de su culpabilidad o inocencia debe aportarla la UNAM, institución que otorgó el título universitario hoy cuestionado.
Sin embargo, -fiel a su estilo-, el presidente no desaprovechó la oportunidad de lanzar una cortina de humo, desviando la atención de este caso, al enfilar sus dardos envenenados hacia Enrique Krauze y Guillermo Sheridan, culpándolos del saqueo de las arcas nacionales, lo cual se ha convertido en conducta previsible cuando un asunto lo toma por sorpresa, le afecta y no tiene como defenderlo.
Sin embargo, este escándalo mediático nos refiere una vez más a este rasgo muy propio de nuestra idiosincrasia nacional, que minimiza el plagio de obras intelectuales, igual que el manoseo de los derechos de artistas y creadores e incluso, de obras del ámbito industrial. Este es un país donde la piratería es tolerada pues no se considera delito apropiarse de un intangible.
Mientras en todo el mundo se valora con respeto el trabajo intelectual, en nuestro país se minimizan los derechos de propiedad y por tanto, este se considera un bien de dominio colectivo, que puede ser manoseado por todos.
De este modo vemos como florece la piratería de libros, de películas, así como de música, sin que la autoridad correspondiente intente realizar acciones contundentes para proteger los derechos de los creadores.
¿Qué sucederá en este caso específico que afecta desde muchos ámbitos los intereses de la 4T?
Su impacto es algo impredecible, pues para las autoridades gubernamentales pareciera tratarse de una falta menor, de tipo académico o incluso escolar, equivalente a copiar al vecino durante un examen.
Sin embargo, -desde un punto de vista ético-, impacta la credibilidad de quien tiene la facultad de dictaminar los conflictos más importantes de este país, desde la visión jurídica de la constitucionalidad.
Primeramente, debemos esperar la resolución de las autoridades académicas de la UNAM. Sin embargo, si se consumase como verídica la que hoy es una presunción de plagio, tendría que serle retirado el grado de licenciatura por la universidad que lo avala y al carecer de este requisito fundamental para permanecer en la SCJN, ella debiese renunciar al cargo, con gran descrédito.
Si ella está segura de ser la autora de la obra primigenia de este requisito académico, tiene el derecho a defender su posición y entonces los que se titularon con textos parecidos estarían emproblemados, pero la posición de ella se vería fortalecida.
Sin embargo, si se comprueba el plagio, -después de la defensa que ella ha hecho de la originalidad de su obra-, no tendría disculpa y estaría sujeta a las sanciones que procedan, tanto académicas como jurídicas y su carrera profesional en la impartición de justicia estaría finiquitada.
Sin embargo, la duda que queda en el aire es: si el plagio se consuma a partir del dictamen de las autoridades académicas… ¿hasta dónde sería capaz de meter las manos por ella, el presidente López Obrador?
Independientemente del aprecio y simpatía que nuestro presidente pueda sentir por ella, está el antecedente de la amistad que desde hace muchos años le une con el esposo de la ministra, el empresario de la construcción, el ingeniero José María Riobóo.
EL PEOR PATRÓN
Los gobiernos en México son pésimos patrones y ello les resta autoridad moral para exigir a las empresas del sector privado el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.
El ejemplo que deben proyectar las instituciones gubernamentales respetando los derechos aborales de sus trabajadores debe ser el principal sustento de la autoridad moral del Estado Mexicano en este ámbito. Hoy han acaparado la atención de los medios de comunicación las protestas de los médicos residentes de los hospitales de PEMEX, quienes no han recibido el aguinaldo correspondiente, sino una gratificación mínima, que resulta ofensiva.
No es un problema nuevo que los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado Mexicano sean pisoteados, pero sí que, en el contexto de un gobierno humanista, -como se ha definido la 4T a sí misma-, tampoco se respeten.
Desde el inicio de esta administración vimos que con el objetivo de generar ahorros muchos trabajadores del sector público fueron despedidos sin cubrir los parámetros legales de una liquidación justa.
En este gobierno vemos una gran incongruencia: una gran generosidad para con los beneficiarios de los programas de asistencia social, pero en contraste una impresionante insensibilidad para respetar los derechos de la burocracia, así como de todos los que participan en el sector productivo.
Es incomprensible que los derechos de la gente de casa, trabajadores del estado-, estén por debajo de los beneficiarios de la seguridad social.
Sin embargo, cada vez es más evidente que la generosidad exhibida en los programas de seguridad social llevan un fin: generar una vinculación de agradecimiento entre los beneficiarios de estos programas y el gobierno que otorga estos beneficios. Evidentemente el objetivo final es capitalizar ese agradecimiento en votos, durante las elecciones.
Nadie le ha explicado al presidente López Obrador que sus opiniones personales, privadas, íntimas, no deben ser externadas públicamente, pues ante la comunidad internacional se convierten en una postura política del Estado Mexicano.
Su expresión crítica respecto a “los moditos” del presidente Biden al dar la bienvenida a América al presidente Zelensky, -de Ucrania-, revela falta de sensibilidad diplomática.
Los norteamericanos al referirse coloquialmente a su propio país lo nombran América, no obstante que este sea el nombre de todo el continente. De este modo el eslogan de campaña de Donald Trump siempre fue “Will make America great again”.
Seguramente el presidente López Obrador no se dio cuenta que Donald Trump había tomado este concepto mucho antes.
El caso de nuestra relación con Perú es todavía más lamentable pues ya concluyó con la vergonzosa expulsión de nuestro embajador en ese país por la intromisión directa de nuestro presidente, calificando de ilegal al actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte y exigiendo la restitución del presidente Castillo en el cargo.
Podríamos considerar que nuestro canciller, -Marcelo Ebrard, quien sí entiende de política exterior-, está tan ocupado por quedar bien con su jefe, -pretendiendo ilusamente ser el candidato de MORENA-, que ha descuidado su rol como asesor del presidente en las relaciones internacionales.
Todas las emisiones de bonos de deuda de Pemex y de la CFE, desde que se hacían en Liras italianas o yenes japoneses, han sido deuda de las paraestatales, ahora empresas productivas del Estado, y las corredurías siempre las han considerado así con una pequeña nota al calce que reza más o menos así, consideramos que en caso de que haya algún problema con los pagos dada la profunda interrelación que hay de la empresa con el Estado mexicano, éste respondería como aval.
Así ha sido desde los 90’s y en más de una ocasión se ha pensado en que sea el Estado quien tome la deuda de Pemex o de CFE y la refinancie a un costo más bajo, por supuesto, era un momento diferente, cuando México no generaba tanta desconfianza en el mercado.
Hoy el gobierno de la 4T descubre el agua tibia y ofrece algo que ya existe para Pemex y CFE: el respaldo del Estado a sus deudas.
No es exacta la cita, hay que decirlo, pero es un párrafo que está disponible en todos los análisis que se hacen sobre la deuda de alguna de las dos empresas con control estatal.
¿Por qué el presidente lo ofrece con vehemencia como ofrenda a los inversionistas de Estados Unidos y, tal vez, de Canadá? Básicamente porque no hay dinero para construir nada con recursos propios, en ese sentido, cosas como el Proyecto Sonora de generación solar requieren fondos internacionales y lo que pretendía el presidente es que fuera dinero del gobierno estadounidense.
El avance en el Proyecto Sonora es mínimo, son papeles y una presentación en power point donde lo más importante es que es parte de un paquete completo que todavía el 1 de noviembre pasado tenía un valor de 10 mil millones de dólares, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El equipo de Marcelo Ebrard hablaba, en ese entonces, de inversión pública y tal vez de un componente privado. Hoy esa discusión está terminada, si se hace será inversión privada y sólo el tema de generación podría quedar en manos de la CFE, por eso la intervención presidencial.
Es claro que Estados Unidos le puso un alto al presidente López Obrador, de allá salió la idea de que el Proyecto Sonora sea principalmente privado y no inversión estatal.
Ojo, se está pensando en energía solar para atender un tema del futuro, según las proyecciones de la SRE, la electromovilidad. Desde la perspectiva del equipo de Marcelo Ebrard la apuesta es sumar a México a la cadena de valor del sector automotriz de Estados Unidos como proveedores de energía eólica, geotérmica y hasta hidroeléctrica.
En fin. Otro tema que el presidente descubre, y que es herencia de los neoliberales, es que puede conseguir tasas de interés bajas siempre y cuando consiga el respaldo, no la propiedad, del Estado en proyectos de energía. De nuevo, el agua tibia de la 4T.
Dice orgulloso que aceptan los créditos provenientes de EU, curioso, no dicen que es al revés, los tuvieron que pedir porque no hay manera de financiar los proyectos con recursos 100% públicos; que sean para CFE es lo más normal, se ha hecho todo el tiempo. Las emisiones de deuda de la empresa son parte de su cultura corporativa, que existía antes de la 4T, lo mismo en Pemex y siempre estuvo a su lado la SHCP y la banca internacional.
Hoy las prácticas del gobierno dan mala espina a los inversionistas institucionales, pero este tímido regreso a los mercados puede ser un poco de oxígeno, poco, eso queda claro.
La inmediatez de las decisiones políticas es uno de los más graves riesgos de nuestra época, pues provoca inestabilidad. Hoy las opiniones personales de los grandes líderes políticos circulan en tiempo real por redes sociales, aunque hayan sido externadas en un lugar pequeño, semiprivado o remoto.
La velocidad con que el presidente Trump manifestaba sus opiniones personales a través de Twitter, -generando gran revuelo internacional-, provocó que su cuenta personal en esta red social se convirtiese en un asunto de estado, -e incluso de seguridad nacional-, que llevó a esa empresa a cancelar su cuenta personal.
La inmediatez permite que las percepciones emocionales de un presidente, -o las derivadas de su estado de ánimo-, se escapen y circulen por las redes sociales sin ninguna restricción, sin haber dado tiempo a la mínima reflexión, -así como a medir consecuencias-, o incluso, a verificar la veracidad del origen de la información tratada.
Lo trascendente de este nuevo fenómeno es que la identidad de los gobernantes no se puede separar de la representatividad política asociada a su nombre a partir de su cargo. Las opiniones del presidente López Obrador no pueden ser personales, -aunque él lo manifieste así-, pues se convierten en un “asunto de estado”. Detrás de él está todo el peso, el poder y la autoridad del Estado Mexicano.
La no inmediatez que hubo hasta hace cuatro años, -hasta el gobierno anterior-, permitía la toma de decisiones de gobierno a partir de la reflexión, con la “cabeza fría”. En contraste, hoy la tecnología dimensiona las opiniones personales de nuestro presidente y las convierte en noticia de impacto global.
El caso de la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, -y la postura que está tomando el gobierno mexicano frente a este asunto -, está generando un conflicto grave con ese país.
Desde el Congreso peruano salió un documento pidiendo a nuestro presidente que no intervenga en la problemática que ese país vive desde la destitución del presidente Castillo.
El señalamiento que hizo el presidente López Obrador de las “supuestas fallas antidemocráticas en la Constitución de Perú”, es grave. ¿Qué diríamos nosotros si el presidente de otro país criticase a nuestra Constitución?
La constitución de cualquier país debe ser tratada con el mismo respeto que nosotros exigimos para la nuestra.
Es más, el Congreso de Perú ha dado una gran lección de dignidad a nuestros legisladores morenistas y a su séquito comparsa, así como de responsabilidad y respeto a su constitución.
Mientras que nuestros legisladores aprobaron un bodrio inconstitucional, -con 27 faltas constitucionales-, sólo para dar gusto a nuestro presidente, -ellos-, con la autoridad que les da su estado de derecho se levantaron en contra de un presidente que fraguaba un golpe de estado y ordenó la disolución de ese instituto legislativo, para empezar a gobernar con base en sombrerazos y decretazos.
Y las instituciones de Perú mostraron su fortaleza, pues lograron controlar un incipiente golpe de estado. Un país admirable que ha encarcelado a varios presidentes, -incluso en funciones-, acusados de corrupción.
Las opiniones personales de nuestro presidente, – expresadas en la inmediatez del tiempo real de las mañaneras-, se están convirtiendo en la nueva política exterior del Estado Mexicano.
En contraste, en el contexto actual de las mañaneras, que en tiempo real se convierten en respuestas inmediatas, -incluidos los insultos y las descalificaciones en contra de sus opositores-, se está creando un nuevo modelo de gobernar, de carácter unipersonal.
Las mañaneras están llevando a que las grandes decisiones de “estado” sean influidas por el “estado de ánimo” y subjetividad momentánea de nuestro presidente, lo cual genera grandes peligros que se están viendo clarificados en el ámbito de las relaciones internacionales.
Tradicionalmente los gobiernos, -hasta hace poco tiempo-, se tomaban sus tiempos para dar respuestas y ello generaba decisiones racionales, incluso consensuadas entre el presidente, sus secretarios de estado y asesores. De ahí nace el conocido refrán: “Las cosas de palacio van despacio”.
Antes había tiempo de reconsiderar las actitudes iniciales a partir de escuchar a los colaboradores y especialistas que rodeaban a los presidentes de la república. En contraste, hoy el Estado Mexicano se ha vuelto total y absolutamente unipersonal y mediático, -como nunca antes-, girando alrededor de las percepciones personales, estados de ánimo e intereses personales de nuestro presidente. Hoy se gobierna con base a declaraciones de prensa.
Es el momento de empezar a considerar que las “mañaneras” debiesen convertirse en un asunto de estado, pues su formato carece de toda institucionalidad y controles.
Es el espacio personal del presidente, pero su contenido impacta la realidad cotidiana de nuestro país.
UNA NUEVA ERA
El ataque a Ciro Gómez Leyva inicia una nueva era en los peligros para la libertad de expresión y la integridad de los periodistas.
Antes acreditábamos que la violencia en contra de los periodistas se daba en los territorios sin ley de la provincia, donde las autoridades locales en contubernio con el crimen organizado se deshacían de un periodista incómodo.
No había habido un ataque a un periodista de la fama pública e influencia mediática nacional de Ciro Gómez Leyva.
La única pregunta que procede es: ¿a quien estorba Ciro como para que hayan decidido deshacerse de él?
