La comparación que hizo el presidente López Obrador entre la actual gestión de la ministra Norma Piña y la del ministro Arturo Saldívar, definiendo un retroceso en la calidad del trabajo que hoy se realiza en el Poder Judicial, evidencia un conflicto.
El grave reproche que hizo el presidente López Obrador al juez que exoneró al exgobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca y la amenaza de investigarlo lleva implícito un reclamo a la ministra Piña por no controlar a los jueces.
Esto representa el reconocimiento de que el ministro presidente Arturo Zaldívar, -durante su gestión al frente de la SCJN-, estuvo sometido a sus designios y caprichos.
Estos reclamos evidencian un grave conflicto entre estos dos poderes: el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Uno que pretende el control y el otro que defiende su legítima autonomía.
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En un país donde prolifera la impunidad en la aplicación de la justicia frente al delito, esta narrativa presidencial destruye la autoridad moral del gobierno y la vigencia del Estado de Derecho, induciendo a las masas a la aplicación de la justicia por propia mano, como ha sucedido en los linchamientos y agresiones de la población. Además, le da a la delincuencia una base social de tipo reivindicatorio respecto a viejas injusticias sociales.
El intento presidencial de controlar la aplicación de la justicia representa el regreso a un modelo obsoleto, -anterior a la actual era democrática-, donde el caudillo en turno se convierte en el juez supremo que imparte justicia manipulando a los jueces.
La tentación de los caudillos por controlar la ley y ajustarla a sus intereses personales es muy fuerte, pues a través de ella legitiman su ambición de poder. Es la historia de la humanidad.
Sin embargo, en los países altamente civilizados, durante el último siglo la sociedad ha evolucionado hacia la institucionalización de las estructuras responsables de impartir justicia. Esta representa la mayor garantía de protección que tiene el ciudadano.
Por ello este conflicto se vuelve preocupante.
Desde que asumió al cargo de presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña ha resentido una campaña de desgaste por parte del presidente López Obrador, quien desde la mañanera intenta desprestigiar su liderazgo y su desdén hacia ella queda manifiesto frente a un tuit que se ha convertido en un escándalo, donde desde la cuenta del usuario @vicaponch se exhibió una amenaza: “si la ministra Piña es un problema, una bala es la solución”. A esta grave amenaza el presidente simplemente respondió argumentando que no descarta que los autores del tuit hubiesen sido los conservadores.
Los caudillos no pueden ejercer el poder autocrático si no es en el modelo paternalista, donde controlar la justicia representa la oportunidad de ejercer la facultad de castigar.
México ha sido desde siempre un país agraviado desde el poder, pues la autoridad del estado se ejerce generalmente con un toque patriarcal y autoritario, sustentado en el premio y el castigo.
Detrás del alto nivel de aprobación presidencial, contrastado con la ineficiencia gubernamental, hay un fenómeno psicosocial que no entendemos.
Primeramente son los resentimientos que anidan en el inconsciente colectivo de este país, que desde siempre se ha sentido agraviado e indefenso frente a las autoridades judiciales.
Esto a su vez ha sido capitalizado por la narrativa reivindicatoria del presidente López obrador, -quien al desprestigiar al Poder Judicial-, se pone del lado del agraviado y así fortalece su liderazgo.
Hoy vemos que el presidente ha designado como su enemigo al Poder Judicial, al cual pretende someter en nombre del pueblo agraviado.
El segundo aspecto a considerar es el estilo personalista de gobernar, de tipo paternalista. Este modelo proyecta la identidad del protector omnipotente, capaz de enfrentar a las fuerzas del mal.
Frente a este halo invencible se rinde el ciudadano que desde su vulnerabilidad tiene “miedo a la libertad”.
Así es como vemos que mientras la clase media manifiesta su vocación democrática, -reivindicada este pasado domingo 26 de febrero con una manifestación multitudinaria-, el presidente le habla a quien desde su sentimiento de vulnerabilidad prefiere una figura paternal poderosa que le garantice protección a cambio de que el individuo renuncie a su propia libertad.
Este es el tema que hoy nos desconcierta, pues nos divide en dos Méxicos: uno que lucha por defender a una democracia aún vulnerable y otro que prefiere la figura paternal, -autocrática-, aunque esto implique renunciar a su libertad.
Erich Fromm en su libro “El miedo a la libertad” analiza esta gran disyuntiva de la vida cotidiana, desde su visión de psicoanalista.
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Este gran pensador, -uno de los pilares del psicoanálisis, psicólogo social nacido en Alemania-, publicó en 1941 “El miedo a la libertad” y curiosamente se sintió atraído por México, su cultura y su gente y vino a radicar a nuestro país en 1950, donde permaneció hasta 1974, como catedrático de la UNAM, y después decidió emigrar a Suiza, donde pasó sus últimos años.
No deja de llamar la atención que este psicoanalista, psicólogo social y psiquiatra destacado mundialmente haya seleccionado a México para vivir y desarrollarse profesionalmente, quizá seducido por la riqueza y complejidad del alma mexicana. Aquí en México es donde escribió y publicó la otra de sus obras más famosas: El arte de amar.
Sin embargo, -reencontrando el sentido inicial de este artículo-, surge la pregunta: ¿A qué nos lleva esta confrontación entre dos de los Poderes de la Unión?
La respuesta es clara: a la pérdida del estado de derecho y el debilitamiento de la autoridad moral por parte del Estado Mexicano.
Es preocupante que quien juró respetar nuestra Constitución y hacerla respetar por parte de la ciudadanía, -cuando recibió la banda presidencial-, sea quien hoy cuestiona la legitimidad del estado de derecho, lo cual es muy grave.
La ejecución en Nuevo Laredo
La ejecución de cinco muchachos en Nuevo Laredo por parte de soldados refleja una problemática de fondo. Las fuerzas armadas no están capacitando a su personal para trabajar de cara a la ciudadanía.
Lo más grave es que no se ve que la actual administración esté trabajando para formar a las policías del país para que asuman el control de la seguridad nacional cuando se cumpla el plazo fijado para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles.
Las leyes que ampliaron el periodo de gestión del ejército en labores de seguridad pública representan una oportunidad para formar a las nuevas policías.
Sin embargo, esta inacción nos lleva a suponer que, -o es falta de previsión-, o es una actitud deliberada para dejar de modo indefinido a las fuerzas armadas en las calles.
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