Solo Opiniones

Categoría: America

  • Pentágono aceptará Homosexuales

    El Pentágono anunció hoy que aceptará a reclutas abiertamente homosexuales, pendiente de la resolución final del caso sobre la polí­tica de â??No Preguntes, No digasâ? que se litiga en las cortes del estado de California.

    La portavoz Cynthia Smith señaló que los reclutadores del Departamento de Defensa fueron notificados que deben admitir en el proceso de inscripción a prospectos gays o lesbianas que de manera voluntaria, sean explí­citos al expresar su orientación homosexual.

    Pero los reclutadores fueron también instruidos a aclarar a los potenciales reclutas que la polí­tica de â??No Preguntes, No digasâ? podrí­a ser restablecida por los tribunales, en cuyo caso no serán elegibles para seguir en las filas de candidatos a las fuerzas armadas.

    La juez de California, Virginia Phillips, quien dictaminó esa polí­tica como inconstitucional, podrí­a decidir en cualquier momento si pone en suspenso su bloqueo a la polí­tica, como lo solicitó la administración Obama.

    En caso que la magistrada decida mantener el bloqueo, se espera que la administración Obama recurra a la corte de apelaciones del noveno circuito. La Casa Blanca apoya un restablecimiento temporal de la norma, para luego buscar su revocación a través del Congreso.

    â??â??No preguntes, no digasâ?? llegará a su fin bajo esta presidenciaâ?, dijo este fin de semana el portavoz presidencial Robert Gibbs, respecto de la ley que es objeto de una intensa batalla en cortes federales.

    Gibbs defendió la decisión del gobierno de apelar el reciente fallo de una corte, bajo el argumento de que la meta es una transición ordenada. â??Las cortes han decidido, la legislatura ha empezado a decidir y el Presidente está decidido a removerlaâ?, dijo Gibbs.

    La demanda habí­a sido presentada en 2004 por Log Cabin Republicans, la mayor organización polí­tica para homosexuales en el Partido Republicano, a fin de eliminar la polí­tica establecida durante la presidencia de William Clinton en 1993.

  • EU es motor de cárteles en México, dijo Barack Obama

    El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió hoy ante medios de prensa hispanos que el consumo de drogas es el principal motor del poder de los cárteles mexicanos de las drogas.

    «He dicho repetidamente que Estados Unidos tiene una obligación de atacar el tema de consumo, porque ese es el principal motor del poder los cárteles de las drogas en México», enfatizó.

    No obstante, dijo que combatir el consumo de drogas en Estados Unidos no es una tarea fácil porque se trata de un problema «profundamente arraigado» en la sociedad.

    «La demanda por drogas es un problema profundamente arraigado que requiere esfuerzos sostenidos; educar a nuestros hijos, crear modelos de salud pública que puedan tratar a personas con adicciones», sostuvo.

    En un encuentro esta tarde con medios de prensa hispanos, que incluyó a Notimex, Obama dijo que estos son dos aspectos que su gobierno ha abordado ampliamente y financiado de manera significativa.

    «Pero no esperamos que vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana, esto es algo que se ha hecho por décadas», puntualizó el mandatario.

    El mandatario insistió que lo que se requiere es un esfuerzo sostenido que combine policías e interdicción con programas de salud pública «que enseñen a nuestra gente joven en particular, a no tomar la senda de las drogas».

    «Obviamente tenemos tanto interés como México de que eso pase, debido a los efectos devastadores que el comercio de las drogas tiene también en nuestro país», señaló.

    El mandatario desestimó la noción de que su compromiso personal con el tema del consumo de drogas no es evidente.

    Dijo que él ha abordado el tema durante conferencias de prensa, aquí, y en conferencias de prensa con el presidente de México, Felipe Calderón,
     durante su pasada visita a ese país.

    El mandatario recordó la colaboración «sin precedentes» de su gobierno con México para hacer frente al problema.

    «Hemos provisto asistencia técnica, cooperación, intercambio de información entre agencias policíacas en ambos lados de la frontera, de modo que podamos apoyar totalmente lo que considero es un heroico esfuerzo del presidente Calderón para hacerle frente», enfatizó

  • EU no se equivoco en señalar narcoempresas

    Un largo proceso, difí­cil pero no imposible, aguarda a las personas o empresas que deseen que su nombre sea eliminado de la lista de sanciones emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense.

    â??Nadie ha sido incluido por errorâ?, afirmó recientemente Adam Szubin, director del organismo encargado por el gobierno norteamericano del cumplimiento de legislación que impide a empresas o particulares estadunidenses realizar cualesquier tipo de transacciones con compañí­as o gobiernos incluidos en esa relación.

    La OFAC es la encargada de vigilar, por ejemplo, que las empresas estadunidenses no comercien directamente con Cuba o Irán o lo hagan sobre condiciones excepcionales cuando es autorizado, o de que empresas del narcotráfico internacional tengan clientela o realicen transacciones legalmente en los Estados Unidos o con contrapartes de la Unión Americana.

    Una fuente estadunidense indicó que si, por ejemplo, alguna de las empresas señaladas el miércoles como parte de la red de distribución de drogas y lavado de dinero del cártel de Sinaloa considerase injusta su inclusión, deberí­a dirigirse al Departamento del Tesoro en Washington para iniciar un proceso en el que tendrí­a oportunidad de mostrar su inocencia o bien haber adoptado las medidas necesarias para evitar ser usada en este caso por personas relacionadas con el crimen organizado.

    Eso implicarí­a entre otras cosas un proceso integral de transparencia, en especial en relación con los bienes o depósitos en Estados Unidos.

    De acuerdo con una descripción hecha por el propio Szuban en el diario El Tiempo de Bogotá, aquellos que han buscado ser borrados de la lista â??nos han contactado por un proceso administrativo â??por correspondenciaâ??, y expresado que han cambiado su comportamiento, que cortaron nexos con los cárteles, que no tienen sus bienes y que se comprometen a no volver a tenerlosâ?.

    En esos casos, agregó, la respuesta es â??una carta con preguntas, para tener más detalle de la persona y para probar si son honestos sobre haber cambiado su comportamiento.

    â??El fin del proceso es la firma de unos términos de remociónâ? en un compromiso ante notario público.

  • Panadería en problemas por ayuda a inmigrantes

    La procuraduría federal en San Diego presentó hoy por primera vez cargos por «conspiración para ayuda a indocumentados» contra el dueño y dos supervisores de una panadería de San Diego, California.

    Los acusados enfrentan por esos cargos hasta 25 años de prisión, de acuerdo con informaciones de la propia procuraduría.

    El caso se inició con una redada a la panadería S&S Bakery de la zona turística de Pacific Beach en San Diego. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron en la redada a 41 indocumentados.

    Aparte de ese grupo había otro de 32 trabajadores que son residentes legales y ciudadanos estadunidenses.

    Aparte de los 41 detenidos, las autoridades encontraron a otros tres indocumentados en la casa de uno de los supervisores y a una mujer que había sido arrestada y deportada en 2005 y se encontraba reincidente en California.

    Según los cargos, el dueño de la panadería, Jesse William Fadick, de 64 años de edad, y los supervisores Rigoberto Sarmiento Machuca y Rogelio Machuca Sarmiento, aceptaron documentos falsos de los indocumentados.

    En encausamiento separado, las autoridades presentaron cargos menos severos contra Abel Baizabal y contra Norma Angélica Flores, de 42 años, quien enfrenta cargos por indocumentada reincidente luego de ser deportada.

    La procuradora Laura Duffy destacó que la panadería es una empresa donde más del 50 por ciento de los trabajadores son indocumentados.

    La misma empresa había sido sancionada antes por contratar a trabajadores indocumentados.

    Los cargos se basan en investigaciones del ICE y de la Administración del Seguro Social.

  • Policía de NY detiene otro sospechoso de ataque a Homosexuales

    El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestó hoy a un undécimo sospechoso en el caso de agresión contra tres hombres homosexuales, catalogado por las autoridades como uno de los peores actos de violencia contra la comunidad gay.

    Luis García, de 26 años de edad, fue detenido en su casa ubicada a la vuelta de la esquina de donde ocurrieron las agresiones contra dos jóvenes de 17 años y uno de 30.

    Otros 10 sospechosos, de edades entre 16 y 23 años, presuntamente pertenecientes a la pandilla Latin Kings Goodies, enfrentan acusaciones de agresión, secuestro y sodomía como crímenes de odio.

    Al parecer los presuntos pandilleros iniciaron el crimen cuando se enteraron de que uno de los jóvenes de 17 años, que se estaba «postulando» para pertenecer a la pandilla, era homosexual.

    Investigadores indicaron que además miembros del grupo le quitaron las llaves de la casa a una de sus víctimas, con las que pudieron entrar a su vivienda y golpear y robar a un hermano.

    Las autoridades indicaron que García tenía una cadena alrededor de su puño cuando le propinó un puñetazo a su víctima durante el robo.

    García será hoy instruido de cargos en la corte federal del condado del Bronx.

    Por su parte, el resto de los sospechosos se presentaron uno a uno el jueves ante un juez, ante quien se declararon inocentes de los cargos que se les imputan. Los abogados defensores indicaron que sus clientes testificarán ante un juicio.

    Se tiene programado que la próxima semana los sospechosos comparezcan antes un gran jurado.

    En tanto, en otro incidente que se suma a la ola de agresiones contra la comunidad homosexual, las autoridades de Long Island señalaron que tres adolescentes fueron detenidos por golpear fuertemente a un estudiante gay de 14 años cuando iban en el autobús escolar.

    Investigadores dijeron que los agresores, entre 16 y 18 años de edad, empujaron y patearon a la víctima hasta causarle moretones en el cuerpo, mientras le gritaban insultos homófobos.

    Los hechos se presentaron el miércoles en la localidad de Westbury, Long Island.

    Hace sólo unas semanas, en un caso que conmovió a la nación, el estudiante Tylor Clementi, de 18 años, se suicidó saltando del puente George Washington tras descubrir que su compañero de cuarto lo grabó manteniendo relaciones homosexuales y luego publicó las imágenes en Internet.

  • Gays en el ejército, obtienen victoria

    Una jueza federal emitió ayer una orden judicial válida en todo el paí­s para suspender la polí­tica que prohibí­a el ingreso a las fuerzas armadas de las personas que declararan su homosexualidad.

    El fallo histórico de la jueza federal de distrito Virginia Phillips fue ampliamente elogiado por las organizaciones que defienden los derechos de los gays, que le acreditaron haber logrado lo que el presidente Barack Obama y los demás polí­ticos de Washington no pudieron.

    Los abogados del Departamento de Justicia cuentan con 60 dí­as para apelar. Los expertos dicen que dichos abogados no tienen ninguna obligación legal para hacerlo y podrí­an permitir que el fallo de la juez Phillips permanezca en vigor.

    El gobierno federal está revisando la decisión y no tiene comentarios de inmediato, dijo Tracy Schmaler, vocera del Departamento de Justicia.

    Phillips declaró inconstitucional la ley, conocida como â??Donâ??t ask donâ??t tellâ? (no preguntes, no digas), después de un juicio de dos semanas sin jurado en un tribunal federal de Riverside, y dijo que emitirí­a una orden judicial válida en todo el paí­s.

    La ley de 1993 prohí­be que los integrantes homosexuales de las fuerzas armadas expresen abiertamente su orientación sexual, y de igual forma prohí­be a los oficiales preguntar al respecto.

    Antes de emitir la orden judicial, la jueza pidió conocer el punto de vista de los abogados del Departamento de Justicia y de los Log Cabin Republicans â??una organización por los derechos de los homosexualesâ??, la cual presentó una demanda en 2004 en la que pedí­a que se aboliera esa polí­tica en las fuerzas armadas.

    Los integrantes de Log Cabin Republicans pidieron a Phillips que emitiera un fallo de inmediato para que la polí­tica no pueda emplearse contra ningún militar estadounidense en cualquier parte del mundo.

    â??La orden representa una victoria completa y total para los miembros de Log Cabin Republicans y reafirma los derechos constitucionales de los gays y lesbianas para luchar en las fuerzas armadas y morir por nuestro paí­sâ?, dijo Dan Woods, abogado del grupo Log Cabin.

    Algunos abogados oficiales presentaron sus objeciones, argumentando que este cambio tan abrupto podrí­a afectar las operaciones del ejército en un tiempo de guerra. Previamente le habí­an pedido a Phillips que limitara su fallo a los integrantes de Log Cabin Republicans, que cuenta con 19 mil miembros e incluye personal en activo y retirado de las fuerzas armadas.

    Los abogados del Departamento de Justicia agregaron también que el Congreso deberá decidir sobre el asunto, y no la corte de la jueza.

    Phillips dijo estar en desacuerdo y argumentó que la ley no ayuda a la presteza de las fuerzas armadas, y en cambio â??tiene un efecto directo y nocivoâ? en éstas, al afectar el reclutamiento en tiempo de guerra y obligar a la baja de integrantes del servicio que cuentan con entrenamiento y habilidades decisivas.

  • EU dará cursos de localización de fugitivos

    Agentes del US Marshals Service iniciaron cursos de capacitación para policí­as mexicanos, que son entrenados en la búsqueda y localización de fugitivos, como parte de los proyectos financiados con la Iniciativa Mérida.

    En el último mes, funcionarios mexicanos también reciben instrucción en materia de negociaciones y para combatir delitos como el lavado de dinero.

    Un reporte de la Secretarí­a de Relaciones Exteriores (SRE) sobre los avances en la implementación de este proyecto de financiamiento del gobierno de EU para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en México detalla así­ los cursos especializados que se imparten a las corporaciones mexicanas

    Uno de los entrenamientos novedosos es el que inició en agosto, para que un grupo de elementos de la Policí­a Federal Ministerial (PFM) â??que depende de la Procuradurí­a General de la República (PGR)â?? y encargados de cumplir las ordenes de aprehensión tengan mayores herramientas de investigación para ubicar a presuntos delincuentes evadidos.

    El documento destaca también que además de este curso, funcionarios de la PGR y de la Secretarí­a de Seguridad Pública federal también son entrenados por agentes estadounidenses sobre inteligencia-vigilancia policial dirigida, explosivos improvisados, tácticas especiales y técnicas de investigación, para hacer frente al crimen organizado.

    Mientras que la Asociación de Especialistas Certificados en combatir el Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) otorgó capacitación a funcionarios.

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  • Sepa que pasó en la última década en AL

    Representantes de organismos internacionales coincidieron en que la inseguridad pública es una seria amenaza para la democracia en América Latina y redunda en la vigencia incompleta del derecho a la vida, el más elemental de todos.

    Al participar en Foro de la Democracia Latinoamericana, que se lleva a cabo en el Palacio de Minerí­a, el asesor especial del Secretariado General de la OEA, Dante Caputo, dijo que en la última década se registraron más de un millón 300 mil homicidios dolosos en América Latina.

    El polí­tico argentino señaló que la democracia se constituye, en esencia, por derechos civiles, y en el corazón de ellos está el derecho a la vida, por lo que una prioridad en la región es el tema de seguridad.

    De ahí­ que, subrayó, â??creemos que entre la mano dura y la tesis de que resolvamos la pobreza porque así­ vamos a resolver la delincuencia debe haber un camino más práctico, respetuoso de los derechos humanos y de las libertades individuales que resuelva esta cosa tremendaâ?.

    Además, comentó que hace 25 años los únicos paí­ses en América Latina que tení­an un régimen democrático eran Costa Rica, Venezuela y Colombia, situación que ha cambiado porque ahora todas las naciones del continente lo tienen.

    En el marco del foro fue presentado el Segundo Informe sobre la Democracia en América Latina, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretarí­a General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

    Sobre el texto, Caputo señaló que los tres temas principales que abordó el informe son la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública, esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región.

    Al respecto, el ex secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Antonio Ocampo, dijo que el informe argumenta que las democracias latinoamericanas deben hacer frente a tres desafí­os para el ejercicio democrático del poder.

    Estos son, detalló, articular nuevas formas de participación polí­tica para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado; e incrementar el poder polí­tico real del mismo, modernizando sus instituciones y dotándolas de recursos humanos eficientes.

    Respecto a la fiscalidad resaltó que sin los recursos económicos suficientes el Estado es impotente, y en América Latina, salvo Brasil, los niveles de tributación de los paí­ses son de 17 por ciento del PIB, la mitad de lo que captan las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Destacó que la fiscalidad es un poderoso instrumento de reducción de la desigualdad, ya que un Estado paí­s al tener mayor captación de recursos puede desarrollar más y mejores programas en materia de educación, salud y vivienda.

    El economista colombiano manifestó que lejos de ser materia meramente contable o económica los impuestos son una cuestión central para el sostenimiento de la democracia.

    Asimismo, refirió que Estados Unidos es el único paí­s de la región en que las proyecciones fiscales las lleva a cabo el Congreso y no el Poder Ejecutivo, lo que resulta un punto positivo que deberí­a replicarse en otras naciones.

  • Colombia sí investigará a Alvaro Uribe

    Una comisión del Congreso de Colombia aprobó el martes investigar al ex presidente Alvaro Uribe para determinar su posible responsabilidad penal en las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos, informaron fuentes legislativas.

    Los seguimientos e interceptaciones telefónicas fueron uno de los principales escándalos que sacudieron el segundo período de Uribe junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por algunos efectivos del ejército y la adjudicación irregular de subsidios agrícolas.

    El ex mandatario será investigado por su presunta responsabilidad por acción u omisión en el caso de las interceptaciones telefónicas que se realizaron desde la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia de Colombia, que depende directamente de la presidencia.

    Los presidentes en ejercicio y los retirados gozan en Colombia de un fuero especial y solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

    Si la comisión establece que hubo responsabilidad del Uribe deberá acusarlo ante el Senado, que en una sesión plenaria decidirá si lo absuelve o le impone una sanción que podría ser a perdida de la libertad.

    Pero la comisión tiene un histórico récord de ineficiencia y es controlada por parlamentarios de partidos que hacen parte de la coalición que respaldó a Uribe en sus dos períodos de Gobierno y apoya al actual mandatario Juan Manuel Santos.

    Uribe, quien tuvo fuertes enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, negó recientemente haber ordenado los seguimientos e interceptaciones, pese a que las investigaciones de la Procuraduría General han implicado a varios de sus cercanos colaboradores.

    La semana pasada la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, una persona cercana a Uribe, por su responsabilidad en el escándalo de espionaje.

    El mismo organismo de control también destituyó e inhabilitó a otros siete antiguos funcionarios del Gobierno de Uribe, incluidos tres ex directores de la central de inteligencia.

  • Jueza colombiana habla y compara a México

    Mireya González Preciado Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en Bogotá, Colombia, afirmó que el contexto de â??tristezaâ? que vive México, por los cárteles de la droga, es similar al que presentaba su paí­s durante la década de â??los 80 y 90â?.
    Durante la inauguración del diplomado Sistemas Adversarial y Juicios Orales, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la juez aseguró que a pesar de que se esta llevando acabo la lucha adecuada contra los cárteles de la droga, si no se depura a los cuerpos de seguridad no se tendrán avances en el corto plazo.
    â??La depuración del sistema, de los miembros de la policí­a judicial es el primero de los aspectos que habrí­a que mirar, quizás sólo se produce al exterior, cuando al interior hemos visto las huellas cuando no se hace trabajo y equipoâ?.
    La juez reconoció que aunque su paí­s no ha logrado atacar correctamente el problema del narcotráfico, es necesario mantener una colaboración no sólo entre ambas naciones sino con los paí­ses de Centroamérica, toda vez que la corrupción ha infiltrado a las autoridades.
    â??Las bandas criminales lo que están mostrando no es un aspecto que tenga un paí­s a su favor, nosotros somos tristemente célebres por la cocaí­na colombiana, pero nos muestra que para que eso pueda llegar a su destino, pasa por otros escenarios y estamos hablando de lí­neas de transporte, mecanismos que hagan menos riesgosa la intervención policial, lo que muestra es que la criminalidad trasciende los ámbitos nacionales y busca apoyo en los paí­ses de puente pasoâ?.
    En comparación a México, la juez colombiana señaló que la forma de operar de los cárteles mexicanos, se basa en una lucha territorial que busca mostrar su poder como fue el caso del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria