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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el jueves un documento en el que denuncia fallos, omisiones y cuestiona la versión oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el estado sureño de Guerrero, «el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país».
En un informe con 32 recomendaciones para autoridades locales, estatales y federales constata que el caso está lejos de cerrarse y echa por tierra la «verdad histórica» presentada en noviembre y confirmada en enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
La Procuraduría General de la República confirmó el jueves la recepción del documento, pero no quiso hacer comentarios sobre el mismo hasta haber hecho una lectura «seria y de fondo» de todas las observaciones.
El documento pide establecer con claridad si los restos encontrados en el río San Juan y que el gobierno dijo que eran de los estudiantes «son o no de origen humano», cuestiona la recreación de los hechos realizada por la fiscalía, e insta a interrogar personas clave para la investigación que no han rendido declaración hasta ahora.
Esta es la primera vez que una entidad oficial exhibe las carencias de una investigación que, según el poder ejecutivo, era la más amplia que se haya realizado en México y que generó numerosas protestas nacionales e internacionales.
Entre las carencias está no haber interrogado a 16 presuntos involucrados en los hechos, a vecinos a los que los estudiantes les pidieron ayuda para ocultarse al intentar huir del ataque, a policías federales, a 9 militares -los que recibían la información del «acontecer diario» y los que se trasladaron a algún lugar de los hechos-, y a los buzos que hallaron la bolsa de plástico en la que, supuestamente, estaban los restos óseos de los jóvenes y el hueso del único estudiante identificado.
Además, la Comisión sugiere varias líneas de investigación que podrían conllevar la participación de nuevos actores en los hechos, como otras «corporaciones de seguridad pública municipal», nuevos escenarios donde pudieron tener lugar las desapariciones o crímenes de esa noche y pide seguir el rastro del dinero del crimen organizado en la zona.
El 26 de septiembre de 2014, seis personas murieron y 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos. Según la versión oficial, policías municipales de la ciudad de Iguala y del vecino municipio de Cocula secuestraron a los jóvenes por orden del alcalde de Iguala; los entregaron a miembros de un grupo del crimen organizado llamado Guerreros Unidos, y sicarios de esta organización los llevaron a un basurero de Cocula, donde los quemaron y arrojaron sus restos en el cercano río San Juan.
Solo se localizó un puñado de huesos calcinados en muy mal estado y exclusivamente se pudo extraer el ADN de un fragmento óseo, que sí correspondía a uno de los estudiantes desaparecidos.
Partes de la versión oficial ya habían sido cuestionadas -en una forma que coincide con lo dicho por el ombudsman- por expertos internacionales que investigan el caso, como el grupo enviado por la Organización de los Estados Americanos y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses. Y las familias no creen las explicaciones del gobierno.
El presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, lamentó que haya habido una investigación «insuficiente» y que no se haya dado apoyo médico ni psicológico a las víctimas que viven en las mismas condiciones de crimen e inseguridad, y para las que pide un plan de ayuda concreto y programas para la reparación del daño.
Añadió que el objetivo del documento es «alcanzar la verdad jurídica» para «materializar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia», porque se ha hecho «evidente» el rompimiento del estado de derecho, el olvido de la justicia y la alianza entre la delincuencia y la autoridad en México.
«No es momento de callar ni olvidar», subrayó.
Las «observaciones y propuestas», que incluyen reactivar la búsqueda de los jóvenes y aplicar los protocolos correctos para la identificación de todos los restos encontrados, evidencian todo lo que la fiscalía general no hizo.
«Todo esto que se comentó ahora no está contenido en los expedientes y por tanto, desde nuestra perspectiva, no se ha realizado y son diligencias importantes», indicó González Pérez.
Entre ellas están cuestiones aparentemente básicas para poder confirmar o no el basurero como el lugar donde presuntamente quemaron a los jóvenes, o para establecer la «ruta de la desaparición» que podría no ser la descrita hasta ahora por las autoridades.
Por ejemplo, la Comisión pide localizar varios teléfonos celulares desde los que se hicieron llamadas o se pusieron mensajes esa noche y hacer peritajes a 8 camisetas, un suéter y un pañuelo encontrados cerca de uno de los ocho autobuses en los que viajaban los estudiantes, uno de los cuales tiene «indicios biológicos» y manchas de lo que parece sangre.
Con ese análisis «podría probarse la presencia de algunos desaparecidos» en ese lugar, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Y si la sangre no es la de ninguno de los jóvenes se debería confrontar con los perfiles genéticos recabados en otros «autobuses, patrullas y demás vehículos relacionados con los hechos», ya que la persona a la que correspondan «probablemente estuvo en el lugar señalado el día y a la hora» que ocurrió todo.
La entidad de derechos humanos también sugiere lo siguiente: pedir los partes meteorológicos de la fecha para saber si llovió en la zona del basurero de Cocula donde, según la versión oficial, fueron incinerados los jóvenes en una hoguera que estuvo horas encendida; mostrar a las familias objetos personales encontrados en el basurero para ver si los identifican; hacer peritajes balísticos de los casquillos encontrados en ese lugar; y determinar si los restos de tierra hallados en las bolsas localizadas en el río coinciden con la que hay en el basurero.
Con respecto al joven desollado, que fue una de las seis víctimas mortales de ese 26 de septiembre, la Comisión pide un nuevo dictamen forense del cadáver para ver si sus lesiones fueron intencionales o producto de los animales, ya que hay versiones contradictorias en el expediente.
El ombudsman aboga también por investigar a fondo la estructura del crimen organizado en la zona, no solo al grupo de Guerreros Unidos, sino también a sus enemigos, Los Rojos, y seguir el rastro del dinero, es decir, indagar más en cualquier delito vinculado a «operaciones con recursos de procedencia ilícita» llevadas a cabo por cualquier autoridad o funcionario involucrado.
Pide también reanudar la búsqueda de los jóvenes, teniendo en cuenta las versiones que dicen que podrían estar en la sierra, otras que ubican a un desaparecido con vida en Apango -una localidad a 30 kilómetros de la escuela donde estudiaban los muchachos- y otra teoría que habla de un posible «autosecuestro» de ellos.