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Las autoridades mexicanas deben tomar medidas decisivas para abordar el uso sistemático y generalizado de la tortura y otros malos tratos documentados en todo el país, que ha aumentado espectacularmente durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
En el informe Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México se examinan el aumento del número de casos de tortura y malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad durante la administración de Calderón, la falta de investigaciones efectivas y la negación de justicia a las víctimas.
“La administración del Presidente Calderón se ha desentendido en la práctica de la ‘epidemia de tortura’ que hemos visto extenderse por México”, ha manifestado hoy Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“Se ha ignorado o marginado la protección de los derechos humanos en favor de la estrategia del gobierno de lucha militarizada contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga.”
“En todo México, los presuntos delincuentes se enfrentan a menudo a reclusión y juicio sobre la base de pruebas obtenidas mediante tortura y malos tratos, sin que el ministerio público y los tribunales cuestionen seriamente la información ni las pruebas obtenidas de este modo.”
En 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1.669 informes de tortura y malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad –considerable aumento con respecto a los 1.161 de 2010, 1.055 de 2009 y 564 de 2008–. Estas cifras se refieren a informes de abusos cometidos por funcionarios federales.
En los últimos tres años, Amnistía Internacional ha registrado informes de tortura en los 31 estados y en el Distrito Federal.
La tortura y los malos tratos se cometen bajo custodia: el ministerio público puede recluir a los presuntos delincuentes por un periodo de hasta 80 días en arraigo antes de presentar cargos contra ellos o dejarlos en libertad.
En todo México, personal militar que desempeña funciones policiales ha recluido a millares de presuntos delincuentes en cuarteles militares antes de llevarlos ante el ministerio público. En este contexto se han recibido numerosos informes de tortura y malos tratos bajo custodia militar.
A pesar de haber leyes dirigidas a impedir y sancionar la tortura, la mayoría de los casos no se investigan jamás de manera exhaustiva, y los responsables no son puestos casi nunca a disposición judicial, por lo que las víctimas no tienen posibilidad de conseguir resarcimiento ni indemnización.
Hay legislación que penaliza la tortura en los 31 estados y el Distrito Federal, pero en la mayoría de los casos es considerablemente más deficiente que la federal y dista mucho de cumplir las normas internacionales.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2006 y 2010 hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal. En el mismo periodo, en los 31 estados y el Distrito Federal hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
Amnistía Internacional no conoce un solo caso de procesamiento de agentes de policía u otras fuerzas de seguridad por tortura o malos tratos infligidos a migrantes.
“Las autoridades federales han dado muestra de una absoluta falta de liderazgo para combatir la tortura y los malos tratos seriamente a escala estatal o federal”, ha señalado Knox. “La única forma de abordar la tortura y los malos tratos es garantizar que se investigan debidamente todos los casos y se pone a los responsables a disposición judicial.”
En una carta a Amnistía Internacional, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a implementar políticas y tomar medidas para poner fin a la tortura. Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a que cumplan sus promesas.